MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado una tercera línea de investigación, de las siete abiertas a raíz de la denuncia presentada el pasado abril por el PP de Madrid por una serie de contratos de emergencia realizados por el Gobierno en relación con la pandemia de coronavirus. En concreto, se trata de las pesquisas por la compra a una empresa de 92 millones de guantes por valor de 9,4 millones de euros.
El decreto, firmado el pasado 1 de febrero por el fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta, y al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda el archivo de la investigación abierta por "las eventuales irregularidades que pudieran haber sido cometidas en unos contratos relativos a las adjudicaciones de suministro de material sanitario, relacionados con el COVID-19, realizadas a la sociedad Member of the Tribe por parte de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad".
Pastor Motta explica que, en concreto, el contrato versaba sobre la compra de 52 millones de guantes de nitrilo por importe de 5.564.000 euros, en una primera tanda; y de otros 40 millones de guantes de nitrilo, por 3.880.000 euros, en otra tanda.
Asimismo, recuerda que las pesquisas se abrieron tras una denuncia formulada por Alfonso Serrano, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, por "presuntas irregularidades habidas en contratos de emergencia relacionados con el COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectarían a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, resultando un total de 13 los contratos denunciados".
Para los 'populares' madrileños, podía tratarse de delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, por lo que Anticorrupción "acordó la incoación de siete procedimientos de investigación separados y diferenciados en atención a las empresas supuestamente favorecidas, por considerar que 'el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador'".
El pasado julio, la Fiscalía ya archivó la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a la empresa Industrias Plásticas Playbol, propiedad de los padres del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos" denunciados por el PP en la Asamblea de Madrid.
Y, en octubre, hizo lo mismo con la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa presuntamente vinculada al marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ante la "ausencia de indicios".
DEDICADA A ROPA Y ACCESORIOS
Pastor Motta expone que las supuestas irregularidades derivarían, según los denunciantes, de que "la empresa adjudicataria tenía un objeto social que nada tiene que ver con suministro de productos sanitarios", esto es, "diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios".
El PP ponía el foco en el hecho de que se había comprado la unidad de guante a un "precio excesivo", 0,107 y 0,097 euros por unidad --"entre un 25% y un 500% superior al ofertado por otros proveedores"--, tomando como referencia las compras realizadas en abril, mayo y junio por servicios sanitarios como el murciano, que compró a entre 0,02 y 0,03 euros la unidad, "y hasta el propio Ministerio de Sanidad", "que adjudicó en esas fechas a la empresa SANICEN el suministro de 17 millones de guantes a un precio de 0,05 unidad".
A ello añadía que "Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos (COVID 62) por un importe de 1.669.200 euros, incumpliéndose los plazos de entrega por parte de la adjudicataria, dando lugar a la resolución del contrato, sin que la administración haya recuperado el dinero adelantado".
El decreto señala que el objeto social de Member of the Tribe, "efectivamente, nada tiene que ver con el suministro de material sanitario", si bien subraya que "a raíz de la situación de crisis sanitaria iniciada en marzo del 2020, ampliaron sus epígrafes de la IAE (Indicador de Actividad Económica) a intermediarios en el comercio en primera instancia, y, posteriormente, a compraventa al por mayor de productos farmacéuticos y medicamentos".
"EL SOBRECOSTE NO EXISTE"
Anticorrupción apunta también que "el sobrecoste denunciado no existe, ya que, aunque hay compras por precios inferiores al de estos dos contratos, también las hay por importes superiores, incluso en compras muy posteriores (noviembre de 2020) y el precio medio al que se realizaron las adquisiciones por ayuntamientos de más de 300.000 habitantes fue superior (0,12 euros), según el informe del Tribunal de Cuentas".
Asimismo, confirma que el 29 de mayo de 2020 Sanidad hizo un primer pago de 1,6 millones de euros y la empresa presentó una declaración por parte de la compañía turca que le suministraba los guantes de nitrilo en la que se decía que "la mercancía se encontraba lista para ver enviada España".
Sobre esto, la Fiscalía recuerda que el apartado 2 del artículo 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, "permitió los pagos anticipados (con anterioridad a la realización de las prestaciones por el contratista) sin garantía por parte del contratista, y así se hizo en este caso".
No obstante, la ejecución de ese primer contrato por la primera tanda de 52 millones de guantes se suspendió y finalmente se resolvió, por "problemas en su ejecución, pues a pesar de haberse pagado el importe total, se produjo un incumplimiento del plazo de entrega inicial, así como en el de la prórroga concedida".
Member of the Tribe alegó que no había podido cumplir porque la empresa turca no le había entregado los guantes de nitrilo, razón por la cual inició acciones civiles y penales contra ella. Además, devolvió 1.800.000 de los 5.725.573,72 euros que había recibido hasta el momento. Anticorrupción indica "actualmente, la sociedad se encuentra en concurso de acreedores" y "sigue en curso por vía administrativa el requerimiento del reintegro del importe abonado por la administración".
Con todo, la Fiscalía concluye que "no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir irregularidad con suficiente relevancia como para considerarla constitutiva de alguno de los ilícitos penales por los que fueron incoadas las presentes diligencias", acordando su archivo.
