La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó a Norfolk Southern, la operadora del tren que descarriló con sustancias tóxicas, que analice el agua del río cercano al siniestro para garantizar, como arrojaron las pruebas preliminares, la ausencia de dioxinas contaminantes y descartar así efectos a medio o largo plazo en la población.
La EPA indicó que todos los datos recabados hasta ahora apuntan a que el riesgo de intoxicación es “bajo”, pero dio orden a la operadora “por sobreprecaución”, dada la alarma entre la población causada por el descarrilamiento del 3 de febrero, según un comunicado recogido por el portal de noticias Axios.
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Ese día 38 vagones de un tren de carga de Norfolk Southern se salieron de la vía por un fallo en los rodamientos. De esos vagones, al menos once contenían acrilato de butilo y, sobre todo, gas de cloruro de vinilo, empleado para la fabricación de plásticos y potencialmente cancerígeno.
Norfolk Southern tomó la decisión de efectuar una “expulsión controlada” del gas y del resto de los productos químicos que contenían los otros nueve vagones. Decenas de peces de un río cercano aparecieron muertos a las pocas horas.
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Expertos como el exjefe de Bomberos de Ohio Silverio Caggiano, avisaron que la liberación del gas abrió una posible crisis medioambiental y sanitaria cuyos efectos podrían permanecer latentes entre 15 y 20 años, según comentarios recogidos por WFMJ, filial local de la cadena NBC.
