SAN SALVADOR (AP) — La Fiscalía General de la República presentó el lunes una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra la exdiputada y expresidenta del Congreso salvadoreño Lorena Peña, que ocupó un escaño en representación del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 2012 a 2018.
La demanda incluye a su hija Ana Virginia Guardado Peña. Ambas son señaladas por la Fiscalía de enriquecerse ilegalmente con 277.482.52 dólares.
El proceso contra la exlegisladora y su hija fue presentado ante la Cámara Primera de lo Civil, por una orden emanada por la Corte Suprema de Justicia que dice que encontró indicios de enriquecimiento ilícito en la declaración patrimonial del grupo familiar.
El proceso por la vía de lo civil busca la recuperación del dinero que supuestamente se apropiaron. Aunque no hay un expediente penal iniciado contra ellas ni condena.
Los fiscales del caso no ofrecieron declaraciones a la prensa.
En caso de que el tema vaya también por la vía penal, de ser encontradas culpables, podrían ser condenadas a restituir al Estado lo que hubieran adquirido indebidamente y la expresidenta del Congreso quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público hasta un plazo de 10 años, según recoge el Código Penal salvadoreño.
Peña, que se encuentra fuera del país, respondió a la acusación en su cuenta de Twitter y dijo que va a demostrar que es inocente de los señalamientos que se le imputan.
“Voy a demostrar mi inocencia, el lawfare y el odio serán derrotados, y si los jueces valoran las pruebas y se apegan a la ley, corroborarán que no tengo incremento patrimonial”, manifestó.
Agregó que ante los señalamientos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ya demostró que “eran infundados, pero ellos tienen la misión de condenarnos incluso sin pruebas”.
Recientemente, la Fiscalía también actuó contra el exdiputado y exguerrillero, Medardo González por enriquecimiento ilícito, en un proceso que incluye a su esposa y sus dos hijos.
González que también rechazó la acusación, afirmó que “Probidad y corte plena (de la Corte Suprema de Justicia) han actuado irresponsablemente y por venganza política. Esto es persecución política del gobierno. Involucrar a mi familia es perverso”.
