CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional está dispuesta a someterse al escrutinio de una comisión internacional que determine si está o no involucrada con el narcotráfico como vía para avanzar en el proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Así lo indicó en una entrevista con The Associated Press Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del grupo armado que participa en el segundo ciclo de diálogos que se cerrará el viernes en México y, según dijo, se retomará en abril. La próxima sede será Cuba, informaron el miércoles las partes.
Carbonell negó cualquier vínculo con el narcotráfico y dijo que el grupo está dispuesto a retomar la propuesta presentada hace tres años al gobierno colombiano y al estadounidense de una comisión “para examinar si nosotros estamos involucrados o no en el negocio”. “Seguimos en pie frente a eso”, aseguró.
El ELN, surgido en 1964 e inspirado en la revolución cubana, se ha sentado a hablar con el gobierno de Colombia en varias ocasiones desde la década de 1970.
El actual proceso, iniciado en 2017, se congeló en 2019 tras un ataque de la guerrilla a una escuela de policía que mató a 22 personas y se retomó recién el pasado noviembre con un presidente por primera vez de tendencia izquierdista y quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19.
Uno de los objetivo del actual ciclo de conversaciones era acordar una hoja de ruta para avanzar, entre otros temas, hacia un cese del fuego nacional con la participación activa de la sociedad civil, aunque todavía no está claro cómo integrarla.
El gobierno aspira a que eso no sólo signifique la disminución de las confrontaciones armadas sino también de “las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia”, ha dicho el jefe de la delegación gubernamental José Otty Patiño.
En 2006 el ELN prohibió a sus tropas financiarse con el tráfico de drogas pero siguió involucrado en actividades ilegales como el narcotráfico y la minería de oro, ya fuera cobrando impuestos o controlando todo el negocio, según la Comisión de la Verdad creada tras la firma en 2016 del acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estados Unidos y la Unión Europa todavía tienen al ELN en el listado de organizaciones terroristas.
Para Carlos Beristain, quien integró la Comisión de la Verdad, este paso sería importante si se hace ligado a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades y con supervisión internacional y de la Iglesia católica, que es acompañante del proceso.
El comisionado agregó que otro punto básico es avanzar en un “acuerdo humanitario” para que “la gente pueda tener una experiencia también de paz” durante las negociaciones. Las partes coinciden y en diciembre pactaron atender ciertas emergencias pero, según Carbonell, algunas de esas “dinámicas humanitarias” siguen pendientes, como beneficios penitenciarios a ciertos presos del ELN o que se garantice la atención de salud o alimentaria en algunas comunidades de zonas en conflicto.
Por ello insistió en acelerar la creación de corredores humanitarios con supervisión internacional que permitan el abastecimiento de la población y que ésta pueda desplazarse en condiciones seguras.
El ELN, dijo Carbonell, está dispuesto a hacer su parte y respetar la integridad de esos corredores pero recordó que en muchos territorios operan distintos grupos armados y bandas de narcotraficantes enfrentados entre sí.
Parte de ellos aceptaron un cese del fuego con el gobierno pero no con la guerrilla. “Si a usted le atacan, usted no puede quedarse cruzado de brazos”, señaló Carbonell tras recordar que ellos solo están negociando con el Ejecutivo.
El ELN ha cuestionado la estrategia de “paz total” de Petro porque no quiere estar al mismo nivel que otros actores armados como el Clan del Golfo, considerado el grupo más peligroso de Colombia. Petro ha dejado en claro que con los narcotraficantes no negociará políticamente sino que tendrán que someterse a la justicia.
En las conversaciones con el ELN, el gobierno optó por apuestas arriesgadas como integrar en su delegación a un hombre cercano al influyente y polémico expresidente Álvaro Uribe pero Carbonell lo consideró positivo. “Para avanzar en un proceso se necesita el concurso de muchos y en especial de los sectores que tradicionalmente han mandado en el país”.
Las seis décadas de conflicto interno en Colombia han dejado casi medio millón de asesinados, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.
Ahora, el proceso de diálogo es visto con cierto optimismo.
Desde noviembre, ambas partes han dado gestos de buena voluntad: el gobierno suspendiendo órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla y el ELN liberando a más de 20 secuestrados, el último este mismo miércoles, dos días antes de cerrar el ciclo de conversaciones en México.
Pero la última guerrilla activa de Colombia también quiere aprender de los errores del proceso de paz con las FARC porque muchos acuerdos siguen pendientes de implementarse.
Petro apostó por acelerar algunos, como la reforma rural, pero persisten problemas con más de 13.000 excombatientes en proceso de reinserción y perseguidos por la violencia. Al menos 355 han sido asesinados, según un informe reciente de las Naciones Unidas.
“No puede firmar unos papeles y listo, se entregaron todas las armas ... no, eso ya no puede ser así, vamos a un proceso donde vamos cumpliendo” cada parte y con la participación de la sociedad. “El problema en Colombia no se resuelve con que desaparezcan las fuerzas guerrilleras para que todo siga igual”.
———- La periodista de la AP, Astrid Suárez, en Bogotá, colaboró para este despacho.
