WASHINGTON (AP) — Después de años de negarse a ampliar las prestaciones de Medicaid para cubrir a nuevas madres, funcionarios republicanos de más de media docena de estados dan media vuelta y promueven la cobertura como necesidad crucial de sus planes antiaborto.
El cambio en el apoyo republicano a la cobertura postparto de Medicaid sucede en estados que han limitado o ilegalizado el acceso al aborto desde que la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto en junio. Al mismo tiempo, las protecciones federales que garantizan que la gente siga inscrita en Medicaid durante la pandemia de COVID-19 caducarán en las próximas semanas.
Mississippi, un estado profundamente conservador, aprobó el martes requerir a Medicaid que dé un año entero de cobertura a madres de bajos ingresos a partir del parto. Días antes, el gobernador republicano Tate Reeves dijo que la medida era parte de la “nueva agendra provida” del estado.
Los legisladores del estado habían rechazado la ampliación de la cobertura tres veces desde 2021, pero la medida cobró impulso desde que Mississippi ilegalizó la mayoría de los abortos luego del fallo de la Corte Suprema.
En Wyoming, donde la prohibición del aborto se encuentra en el limbo legal, el gobernador republicano Mark Gordon dijo algo parecido cuando sancionó una ley que extiende la cobertura postparto y la calificó de “pieza crucial de legislación provida”.
El gobierno del presidente Joe Biden alienta a todos los estados a extender la cobertura postparto de Medicaid a un año entero, dijo la administradora de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, Chiquita Brooks-LaSure, en un comunicado.
“La atención postparto es crucial para la salud y el bienestar de las mujeres y puede beneficiar a sus bebés y familias”, dijo. “Además de los cuidados generales durante el embarazo y el postparto, la atención de la salud reproductiva es esencial para la salud de las mujeres y las familias”.
Durante mucho tiempo los republicanos han criticado los intentos de ampliar Medicaid, un programa financiado por los contribuyentes que atiende a unos 84 millones de los más pobres en el país.
