BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)
Aunque la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, haya anunciado este viernes desde Washington un acuerdo sobre energía limpia con Estados Unidos y que ambas partes trabajarán en el acceso a materias primas críticas, estas medidas forman parte del plan de Bruselas para contrarrestar el impacto en la economía europea de las inyecciones de la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) estadounidense, con un paquete de 369.000 millones de dólares, y a las inversiones en tecnologías limpias anunciadas por China, que superan los 280.000 millones de dólares.
Tras anunciar este jueves una flexibilización de las ayudas de Estado que permita a los países de la UE igualar ofertas de terceros para evitar la fuga de empresas, Bruselas presentará el próximo martes la ley para una industria de cero emisiones y la normativa de materias primas críticas, dos reglamentos complementarios que persiguen evitar la migración empresarial y alcanzar la autosuficiencia europea en la producción de nuevas tecnologías al tiempo que se reducen las emisiones de CO2.
En un contexto en el que se prevé que el mercado mundial de las principales tecnologías de producción en serie con balance cero se triplique de aquí a 2030, con un valor anual de unos 600.000 millones de euros, la UE quiere aprovechar esta oportunidad como ya lo han hecho sus competidores a través de medidas ambiciosas para asegurarse ser parte de este nuevo mercado.
Sin embargo, la resistencia de los futuros sistemas energéticos se medirá sobre todo por la seguridad de acceso a las tecnologías que los alimentarán, tales turbinas eólicas, electrolizadores, baterías, energía solar fotovoltaica o bombas de calor, áreas estratégicas en las que se centra el plan europeo.
La ley de industria neta cero forma parte de las acciones anunciadas en ese contexto, con el objetivo de simplificar el marco regulador de la capacidad de producción de tecnologías que son clave para cumplir los objetivos de neutralidad climática de la Unión y garantizar la resiliencia de su sistema energético descarbonizado, pero actualmente depende de terceros países como China, que alcanza el 90% en determinados sectores de la cadena de valor.
En este sentido, el reglamento contiene medidas para acelerar la burocracia con vistas a garantizar que, para 2030, la capacidad de fabricación de tecnologías de emisión neta cero alcance al menos el 40 % de las necesidades anuales de despliegue de la UE para las tecnologías correspondientes necesarias para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55% con respecto a niveles de 1990.
Por su lado, la ley de materias primas críticas, busca diversificar las importaciones de la UE de materias primas estratégicas, tales como litio, cobalto o manganeso, con vistas a garantizar que, para 2030, no más del 70% del consumo anual de cada materia prima estratégica en cualquier fase pertinente de transformación proceda de un único tercer país.
NUEVO MERCADO ELÉCTRICO DE CONTRATOS A LARGO PLAZO
A estas les seguirá el jueves la propuesta para una reforma del mercado eléctrico centrada en aumentar la presencia de renovables en detrimento de combustibles fósiles y facilitar los contratos a largo plazo para reducir la volatilidad en los precios para proteger a los consumidores, como ya defendía España en el planteamiento que presentó a la Comisión el pasado enero.
Según el borrador al que ha tenido acceso Europa Press y que está sujeto a cambios hasta su publicación oficial, Bruselas anima a los Estados miembro a "esforzarse" por crear las condiciones de mercado adecuadas para los instrumentos a largo plazo basados en el mercado, como los acuerdos de compra de energía.
Se trata de acuerdos bilaterales de compra entre productores de energía, en particular de renovable, y empresas comercializadoras que, según destaca el texto, "proporcionan estabilidad de precios a largo plazo para el consumidor y la certidumbre necesaria para que el productor tome la decisión de invertir".
Una vez que la Comisión haya presentado oficialmente su propuesta, corresponderá al Consejo y el Parlamento, respaldarla a nivel tanto de Estados miembro como de grupos políticos, antes la negociación final de nuevo con Bruselas y con el objetivo de empezar a aplicarla en la primera mitad de 2024.
Sin embargo, frente a la propuesta de reforma estructural que defienden países como España, otro bloque de siete países liderado por Alemania reclama que la revisión del mercado eléctrico sea "limitada" y que mantenga los beneficios reportados por el sistema en la última década y que no comprometa los objetivos climáticos y energéticos de la UE, dos posturas enfrentadas que auguran un debate dilatado a nivel de los Veintisiete.
