MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
En junio del año pasado, el exjefe de la agencia de seguridad del Estado Arthur Fraser presentó cargos contra Ramaphosa por considerar que el caso no había sido investigado en profundidad y que el expresidente podría ser cómplice del robo, que tuvo lugar en 2020 en su granja de Limpopo, en una estrategia para lavar el dinero presuntamente sustraído.
Fraser también acusó al presidente de intentar encubrir el crimen con la ayuda de miembros de la unidad de protección presidencial, que en ese momento estaba dirigida por el general de división Wally Rhoode. Ramaphosa insistió en su inocencia y recalcó que todo el dinero procedía de la venta de animales.
La investigación del caso estima que el dinero robado asciende aproximadamente a los casi 600.000 euros, aunque Fraser denunció que el montante ascendía realmente a los 3,7 millones de euros.
Gcaleka asegura en su informe preliminar, recogido por el portal de noticias Eyewitness News, que su oficina no ha encontrado base alguna para concluir que Ramaphosa contravino el código de Ética Ejecutiva, pero ha matizado que sus competencias llegan hasta ahí y no tiene jurisdicción para investigar una transacción privada entre dos personas o entidades.
La oficina del Defensor del Pueblo lleva investigando desde el año pasado este caso, enormemente politizado, y que ha costado también el cargo a la predecesora de la actual ocupante, Busisiwe Mkhwebane.
