MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
En concreto, la proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a "elevar las cuantías mínimas de las ayudas económicas para que, con la nueva regulación laboral, las familias puedan contratar los servicios de profesionales del cuidado para la atención de sus familiares dependientes".
Asimismo, en el caso de las cuidadoras no profesionales, la iniciativa de la formación naranja pide aumentar las prestaciones a los familiares con dependientes a cargo, para garantizar que la cuantía cubre sus necesidades mínimas.
Igualmente, señala que hay que impulsar la formación continua de los familiares cuidadores y el reconocimiento de dicha formación en el mercado laboral para mejorar sus perspectivas de encontrar un empleo en el sector de los cuidados en el futuro.
En el caso de las cuidadoras profesionales, Ciudadanos propone acordar con las comunidades autónomas la revisión del sistema de servicios sociales para "evitar empujar a millones de familias españolas a tener que asumir de forma no profesional los cuidados de sus dependientes".
Según recuerda el grupo parlamentario en la exposición de motivos, en España hay un total de 1.415.578 de personas dependientes, de las cuales más de 195.000 personas permanecen en las listas de espera de ayudas a la dependencia, según los datos del primer semestre de 2022 publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
La formación naranja señala que los elevados costes de un cuidador profesional, en comparación con la prestación recibida, hacen que, en España, un 80% de los cuidadores sean no profesionales y, de esa cifra, casi un 90% son mujeres, de forma que más de 5 millones de mujeres han reducido su jornada o han renunciado a su puesto de trabajo para cuidar a un familiar dependiente.
Respecto a las condiciones que tienen las cuidadoras informales cuando deciden dedicarse al cuidado de un familiar dependiente, Ciudadanos advierte de que son "cuanto menos precarias": "Entre 150 y 430 euros mensuales para cuidadores no profesionales; entre 465 y 580 euros mensuales para el pago de residencias; y entre 450 y 570 euros mensuales para el servicio de ayuda a domicilio".
Por ello, el grupo parlamentario pide garantizar unas condiciones mínimas económicas y laborales para aquellas personas que deciden dedicarse al cuidado de familiares dependientes, asegurando, en primer lugar, que "lo decidan libremente sin que sientan la presión moral de hacerlo" y, en segundo lugar, estableciendo una prestación económica, al menos, "equiparada con el salario mínimo interprofesional".
