BOSTON (AP) — Empieza el lunes el juicio en Boston al exalcalde de un pequeño pueblo haitiano acusado de aterrorizar a sus rivales políticos, un caso que deja al descubierto la violencia y la impunidad en la política haitiana.
Jean Morose Viliena, quien vive ahora en un suburbio de Boston, está acusado de asesinatos, torturas e incendios intencionales en el pueblo de Les Irois, a unos 225 kilómetros (140 millas) al oeste de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
La demanda fue presentada por el Center for Justice and Accountability de San Francisco, en nombre de tres ciudadanos haitianos que sostienen que ellos o familiares suyos fueron perseguidos violentamente por Viliena y sus aliados políticos.
Sostienen que Viliena —partidario del expresidente haitiano Michel Martelly— y sus cómplices mataron a un hombre que acusó a Viliena de conducta inapropiada en su cargo, intentaron matar a otros dos al allanar a una radio comunitaria e incendiaron 36 viviendas en un ataque contra opositores políticos.
La demanda es presentada bajo la Ley de Protección a Víctimas de Torturas, una ley estadounidense establecida en 1991 que permite demandas civiles en Estados Unidos contra funcionarios extranjeros acusados de torturas o asesinatos extrajudiciales, siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos legales en sus países.
Los demandantes presentaron sus denuncias legales contra Viliena en Haití, pero éste eventualmente fue puesto en libertad y nunca fue enjuiciado.
Daniel McLaughlin, abogado de los demandantes, dijo que la violencia política en Haití es “endémica”.
“Es casi imposible pedir justicia por actos de violencia política cuando son perpetrados por personas con conexiones poderosas”, declaró McLaughlin. “Y ese nivel de impunidad predomina en Haití”.
No es la primera vez que un exfuncionario haitiano es llevado a justicia en Estados Unidos. En 2006, un juez en Nueva York ordenó a Emmanuel “Toto” Constant, un exlíder paramilitar haitiano, pagar 19 millones de dólares a tres mujeres que denunciaron haber sido violadas por elementos bajo su mando.
Viliena, quien vive en Malden y cuenta con la residencia permanente estadounidense, se negó a formular declaraciones y remitió toda pregunta a su abogado, Peter Haley, quien también se negó a declarar.
