MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW), especializada en el seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en todo el mundo, ha denunciado este lunes que las autoridades egipcias llevan años negándose por sistema a proporcionar o renovar los documentos de identidad de decenas de disidentes, periodistas y activistas de derechos humanos que viven en el extranjero, imposibilita su acceso a los derechos básicos y a los procesos de nacionalización.
A través de más de una veintena de entrevistas a 26 disidentes, periodistas y abogados egipcios, y de la revisión de documentos oficiales, HRW denuncia una "política de tolerancia cero" hacia la oposición del Gobierno egipcio liderado por el presidente, Abdelfatá Al Sisi, que ha causado "una de las mayores oleadas de migración política en la historia reciente del país".
"Después de no escatimar esfuerzos para aplastar la oposición interna y la disidencia pública mediante arrestos masivos, juicios injustos y tortura desenfrenada durante la detención, el gobierno está intensificando sus esfuerzos para castigar y silenciar a quienes se encuentran en el extranjero", ha denunciado el subdirector de HRW para Oriente Próximo y norte de África, Adam Coogle.
Los disidentes y activistas entrevistados han denunciado que es casi imposible impugnar esta negativa porque las embajadas y los consulados, caso por ejemplo de los de Turquía, cuyas puertas están cerradas a los opositores desde 2018, "se niegan a procesar solicitudes de poderes para autorizar a los abogados en Egipto a actuar en nombre de los que están en el extranjero".
Estas embajadas se limitan a dar negativas sin explicaciones en la mayor parte de los casos, pero otros opositores denuncian que han sido acusados de terrorismo por parte de las autoridades y por ello quedan automáticamente descalificados para realizar este tipo de trámites. Seis de los entrevistados acusados de este cargo aseguran que están siendo víctimas de una persecución política, como un ingeniero residente en Alemania que no puede iniciar los trámites de nacionalización allí porque la Embajada no le atiende.
HRW insta así al presidente de Egipto y al primer ministro, Mostafa Madbouly, que ordenen de inmediato a las agencias de seguridad y las misiones diplomáticas que eliminen todos los impedimentos extralegales para la emisión de documentos de identidad y faciliten dichas solicitudes.
Asimismo, la ONG insta a los países donde residen los disidentes afectados que se abstengan de deportar a esta gente, expuesta a "persecución, tortura u otros daños graves al regresar", y que tengan en cuenta la situación burocrática que padecen a la hora de estudiar sus solicitudes de asilo.
Sumado todo ello, Coogle denuncia que embajadas y consulados egipcios "exportan la represión del gobierno" para "destruir los medios de subsistencia de los egipcios que viven en el exilio". El bloqueo consular, concluye, "se ha convertido en un aspecto importante del ataque implacable del Gobierno egipcio contra todas las formas de disidencia".
