SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Legisladores de Nuevo México rechazaron el martes una propuesta para prohibir que las agencias del gobierno estatal y local concreten acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener a migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.
La iniciativa fue rechazada en una votación de 17-21 en el Senado del estado. También habría eliminado gradualmente la participación del gobierno local en acuerdos tripartitas con instalaciones de detención privadas y las autoridades federales.
El proyecto de ley tenía implicaciones para tres centros de detención privados en el estado, y prácticamente habría puesto fin a la detención de migrantes en 2025 en el Centro de Procesamiento del condado Otero, una instalación de operación privada, en la localidad de Chaparral, en el sureste de Nuevo México, a las afueras de El Paso, Texas.
Legislaturas en Colorado y Nueva York están sopesando iniciativas similares que restringirían los contratos del gobierno local con las autoridades federales de inmigración o con contratistas privados a través de acuerdos intergubernamentales de servicios.
Los promotores de la iniciativa en Nuevo México resaltaron los reportes de medidas disciplinarias similares a las de una prisión, la mala higiene y los intentos de suicidio en las instalaciones de detención migratoria, exhortando a los legisladores a tomar acciones por motivos humanitarios.
“Estamos hablando de esos inmigrantes que han venido al país en conformidad con nuestras leyes y solicitaron asilo”, dijo el senador demócrata Gerald Ortiz y Pino, copromotor del proyecto. “Hemos encontrado que muchos de ellos... están siendo detenidos en condiciones que están lejos de ser las adecuadas”.
Durante el debate, los senadores republicanos restaron importancia a la severidad de las condiciones de vida en el centro de detención de migrantes del condado Otero, operado por Management & Training Corporation con sede en Utah, y señalaron que ponerle fin al contrato con el gobierno sería un duro golpe financiero para la comunidad.
El senador estatal republicano Ron Griggs, cuyo distrito incluye el Centro de Procesamiento del condado Otero, dijo que dicho condado pidió dinero prestado para la construcción de la instalación en 2007, con la esperanza de pagar los bonos a la larga y crear una fuente perdurable de ingresos para apoyar los servicios públicos.
Dijo que el proyecto de ley era un “ataque directo a las instalaciones en algunas de nuestras zonas rurales más pobres”.
Por lo general, el Centro de Procesamiento del condado Otero recibe a unos 600 migrantes de ambos sexos.
Cinco senadores demócratas se unieron a los republicanos para votar contra el proyecto. Otros cuatro senadores demócratas estuvieron ausentes de la votación.
Griggs también argumentó que una prohibición a las detenciones locales en Nuevo México no necesariamente mejoraría las condiciones para los migrantes que terminan en centros de detención de otros estados a la espera de que se procesen sus solicitudes de asilo.
Jazmin Irazoqui-Ruiz, abogada del organismo activista New Mexico Immigration Law Center, disputó tal afirmación y dijo que los migrantes podrían ser liberados por consideraciones de costos con el fin de que vayan a vivir temporalmente con familiares u otro patrocinador, o ser transferidos a estados como Colorado, que toman una postura distinta al financiar la representación jurídica para los inmigrantes indigentes.
En años recientes, California, Illinois y Nueva Jersey han promulgado medidas con el fin de controlar a los centros de detención de migrantes en sus territorios.
