Una nueva ley sancionada por el gobernador republicano de Utah prohibiría a las clínicas realizar abortos en ese estado profundamente conservador, lo que ha provocado una ola de confusión en clínicas, hospitales y clientes.
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Los administradores de hospitales y clínicas no han presentado sus planes para adaptarse a las nuevas normas, lo que agrega incertidumbre al temor de que, si se cierran las clínicas, las pacientes podrían no poder acceder a la atención en los hospitales debido a problemas de personal y de costos.
La ley sancionada por el gobernador Spencer Cox el miércoles entrará en vigencia el 3 de mayo, fecha a partir de la cual las clínicas no podrán obtener nuevas licencias. La prohibición será total a partir del 1 de enero de 2024. La asociación Planned Parenthood de Utah y la Asociación de Hospitales se negaron a explicar cómo el tenso panorama legal afectará el acceso al aborto en el estado.
El caos es similar a los sucesos en baluartes republicanos en todo Estados Unidos desde que la Corte Suprema anuló el fallo Roe vs. Wade, alteró el panorama legal y dio lugar a un cúmulo de demandas en al menos 21 estados.
Los legisladores de Utah han dicho que la ley protegerá a “los inocentes” y “los no nacidos”, y que en su opinión el estado no necesita las clínicas desde que la corte anuló el derecho constitucional al aborto.
Aunque Planned Parenthood advirtió que la ley reduciría drásticamente su capacidad de realizar abortos, el representante de la asociación, Jason Stevenson, dijo que ésta estudiará otras cláusulas de la ley que permitiría a las clínicas obtener licencias para brindar servicios equivalentes a los hospitalarios.
De acuerdo con la interpretación de Planned Parenthood, dijo en una entrevista, las clínicas no podrán realizar abortos con sus licencias actuales. Pero seguirán brindando la mayoría de sus servicios, tales como tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, así como tests de embarazo y exámenes de cáncer.