BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano se alista para debatir una reforma laboral impulsada por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro que propone reducir la jornada de trabajo y cambiar las reglas de contratación.
“Ha sido precisamente la reducción del salario, la inestabilidad laboral, la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia", aseguró Petro al presentar la propuesta en un acto simbólico en la noche del jueves frente al palacio presidencial.
La reforma laboral llega al Congreso cuando la mayoría del gobierno no está tan cohesionada como meses atrás luego de intensos debates por otra reforma que busca modificar el sistema de salud.
La Federación Nacional de Comerciantes criticó la propuesta el viernes mediante un comunicado en el que aseguró que incrementará sustancialmente los costos laborales para contratar personal entre un 30% y 35%, afectando especialmente al comercio, hoteles, restaurantes, bares, transporte y entretenimiento.
El proyecto busca reducir la jornada laboral para que el trabajo diurno inicie a las seis de la mañana y termine a las seis de la tarde. Actualmente se extiende hasta las nueve de la noche y, sólo en adelante, se considera horario nocturno. Este cambio acarrearía a las empresas pagar más horas extras. Además, el recargo por trabajar un domingo o feriado pasaría del 75% al 100% sobre el salario ordinario.
Para lograr mayor estabilidad laboral, según el gobierno, el proyecto plantea que los trabajadores sean vinculados mediante contratos de trabajo a término indefinido y excepcionalmente mediante contratos temporales para desarrollar una labor determinada o a término fijo por un periodo máximo de dos años.
Aún en los contratos temporales el proyecto indica que el trabajador tendría derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales.
El gobierno se ha propuesto formalizar a la mayoría de los trabajadores del sector público que suelen tener contratos por prestación de servicios, una modalidad en la que el empleador no les garantiza vacaciones o aportes al sistema de Seguridad Social y pueden durar sólo unos meses.
Además, las personas con problemas de salud, en situación de discapacidad y las mujeres embarazadas y hasta seis meses después del parto sólo podrían ser despedidas con “justa causa”. En esos casos, las empresas requerirían un permiso de una autoridad administrativa o judicial.
