CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Un segundo funcionario de alto rango de la Santa Sede declaró el viernes ante un tribunal del Vaticano que el papa Francisco había autorizado el gasto de cientos de miles de euros en pagos de rescate para intentar liberar a una monja colombiana secuestrada por extremistas vinculados a Al Qaeda en Mali.
El arzobispo Edgar Peña Parra, el tercer funcionario de mayor rango de la Santa Sede, dijo al tribunal que había solicitado y recibido la aprobación de Francisco para girar el dinero poco después de asumir sus funciones como “sustituto” en la secretaría de Estado a finales de 2018.
Peña Parra respondió por segundo día a las preguntas de los abogados defensores de los 10 acusados por presuntos delitos financieros.
Una línea distinta del juicio en el Vaticano se refiere a 575.000 euros transferidos desde la cuenta de la Santa Sede en el Swiss Bank a una empresa fachada con sede en Eslovenia propiedad de Cecilia Marogna, una autodenominada analista de seguridad que fue contratada en 2016 por el predecesor de Peña Parra, el cardenal Angelo Becciu, como consultora externa.
Becciu le dijo al tribunal el año pasado que había buscado el asesoramiento de Marogna en 2017 tras el secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez por Al Qaeda en el Magreb Islámico, que ha financiado su insurgencia secuestrando a personas occidentales. Durante su cautiverio en Mali, el grupo mostraba periódicamente en video a Narváez pidiendo ayuda al Vaticano.
Becciu declaró ante el tribunal que Francisco había autorizado erogar hasta 1 millón de euros para liberar a la monja. Becciu dijo que él y Marogna habían viajado a Londres para reunirse con, y posteriormente contratar, a la empresa de seguridad británica Inkerman con el fin de encontrar a Narváez y asegurar su libertad. Finalmente fue liberada en octubre de 2021.
En su acta de acusación, los fiscales alegaban un doble pago: Dijeron que unas 500.000 libras esterlinas, equivalentes a 575.000 euros en ese entonces, habían sido enviadas a la cuenta de Inkerman en Barklays Bank para la operación. Por separado, enumeraron nueve pagos de la cuenta del Vaticano en el Swiss Bank por un total de 575.000 euros, enviados a la empresa Logsic DOO de Marogna desde el 20 de diciembre de 2018 hasta el 8 de julio de 2019. Citando registros bancarios eslovenos, los fiscales alegan que Marogna utilizó el dinero para comprar artículos de lujo de alta gama e irse de vacaciones.
Becciu y Marogna están acusados de malversación, cargos que ambos rechazan.
Peña Parra, que reemplazó a Becciu como “sustituto”, declaró ante el tribunal que se enfrentó a la solicitud de pago a la cuenta eslovena de su adjunto, monseñor Alberto Perlasca, a quien Becciu había pedido que tramitara la transferencia. Pero Peña Parra dijo que no podía proceder sin obtener antes la aprobación del papa.
“Fui a ver al papa. Pedí audiencia y el Santo Padre me confirmó el destino de ese dinero, que era para la cuestión de la posible libertad de la monja colombiana secuestrada en Mali”, respondió Peña Parra a preguntas del presidente del tribunal, el juez Giuseppe Pignatone.
Becciu, por su parte, insistió en una declaración espontánea ante el tribunal el viernes que Francisco había aprobado la operación y estaba dispuesto a escribir una declaración para la defensa de Becciu en ese sentido cuando hablaron por teléfono el 19 de julio de 2021, días antes de la apertura del juicio.
Los fiscales presentaron recientemente un intercambio de cartas entre Becciu y Francisco en los días siguientes, en las que el pontífice se negó a proporcionar la declaración. Becciu presentó una carta el viernes indicando que el propio papa le había pedido a Becciu que diera un borrador de dicha declaración, y el cardenal sugirió que su posterior negativa a firmarla parecía haber sido preparada.
