LA PAZ, Bolivia (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviará el jueves a Bolivia una misión que revisará las condiciones en las que están encarcelados opositores procesados y condenados por la crisis política de 2019 que derivó en un estallido social que dejó 37 muertos y precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
El gobernador opositor Luis Fernando Camacho ha pedido una audiencia para exponer su caso como “prisionero político” del gobierno de Luis Arce, según una carta que envió a la CIDH. Camacho está en prisión preventiva acusado de sedición.
“La CIDH está obligada a visitar a la señora (expresidenta) Jeanine Áñez y al señor Camacho porque ésta es una oportunidad para que hablen de manera directa con las víctimas. En nuestros datos tenemos 180 detenidos como presos políticos”, dijo a The Associated Press el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), una organización defensora de los derechos humanos crítica del gobierno. Áñez también ha pedido una audiencia con el organismo regional.
Camacho fue detenido en enero y desde la cárcel aún gobierna Santa Cruz, motor económico del país y reducto opositor. El político encabezó las protestas tras los comicios de 2019 denunciados de fraudulentos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en los que Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo.
La entonces senadora opositora Áñez asumió como presidenta interina y llamó a comicios un año después que fueron ganados por Arce, heredero político de Morales. Áñez está presa desde hace dos años y fue sentenciada a diez por ocupación ilegal del cargo.
“Nosotros respetamos el debido proceso y si ellos (CIDH) deciden hablar con Camacho y Áñez, no habrá ninguna restricción. Pueden hacer esas visitas si su agenda lo permite”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.
El caso a puesto en la mira la independencia de la justicia y mientras los opositores hablan de “presos políticos” el gobierno dice que son "políticos presos”.
En enero otra misión de la CIDH llegó para verificar el cumplimiento de las recomendaciones de un grupo de expertos de esa organización que investigó los hechos de 2019 y concluyó que las “graves violaciones a los derechos humanos” fueron responsabilidad de los gobiernos de Morales y de Áñez. Entre los procesados y presos también hay exjefes militares y policiales.
Morales no tiene ningún proceso judicial y es jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
En su informe de hace un año el Relator Especial de las Naciones Unidas Diego García-Sayán dijo que “los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data, aún no han sido erradicados”.
