Un grupo de congresistas estadounidenses pidió el miércoles al gobierno de Joe Biden que incremente las sanciones económicas contra el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, tras denunciar un aumento de la represión sobre grupos civiles y la Iglesia católica en el país centroamericano.
Los legisladores hablaron durante una audiencia convocada ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, a la que también fueron invitados los dirigentes opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, excarcelados y desterrados por Ortega el pasado 9 de febrero.
Deborah Ullmer, directora de programas para América Latina del Instituto Nacional Demócrata (IND), y la pacifista Bianca Jagger, directora de la Fundación de Derechos Humanos que lleva su nombre, también participaron en la audiencia, denominada “La guerra del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia católica y la sociedad civil en Nicaragua”.
“Las sanciones deben enfocarse en el oro, la madera y energía, así como las pensiones del Ejército invertidas en Estados Unidos”, dijo Ullmer. Abogó también por “revisar” el tratado de libre comercio con Centroamérica, conocido como Cafta, en lo que respecta a los beneficios que Nicaragua obtiene mediante ese acuerdo.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar dijo que la Casa Blanca debe alertar a los inversionistas estadounidenses sobre “el riesgo de hacer negocios” con Ortega.
Salazar hizo un recuento de “la guerra” del gobierno sandinista contra la Iglesia católica en 2022 y condenó la expulsión del nuncio Waldemar Sommertag, el cierre de universidades y radios católicas y la reciente prohibición de procesiones religiosas.
Luego llamó “dictador” a Ortega y le pidió “recordar que la Iglesia católica, a lo largo de su historia ha vencido a demonios muchísimo más grandes que usted y su esposa, la satánica Rosario Murillo”.
A su turno, Bianca Jagger denunció que el obispo católico Rolando Álvarez fue encarcelado y condenado a más de 26 años de prisión, debido a que se negó a ser desterrado por Daniel Ortega junto con 222 opositores excarcelados.
El opositor Félix Maradiaga también pidió al gobierno de Estados Unidos aumentar la presión sobre Ortega, porque “a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, el régimen solo se ha vuelto más despiadado”.
“Es hora de pasar a una nueva etapa, donde se utilicen con todas sus fuerzas, todas las herramientas de la diplomacia, incluido el cierre de canales directos de financiamiento”, afirmó.
En Nicaragua “no hay ley, no hay medios y no hay derechos civiles”, dijo por su parte el también opositor excarcelado Juan Sebastián Chamorro.
El pasado 17 de marzo, los congresistas Bob Menéndez y Michael McCaul pidieron frenar los flujos de financiamiento que Ortega recibe desde el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los legisladores enviaron una carta a los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, en la que citaron un reciente informe del grupo de expertos de la ONU que acusó al gobierno de Nicaragua de cometer “crímenes de lesa humanidad” contra civiles durante los últimos cinco años.
En esa carta, los congresistas pidieron a los mandatarios que “detengan el apuntalamiento financiero” a Ortega, tras señalar que en los últimos años el BCIE ha aprobado recursos por casi 3.500 millones de dólares para financiar proyectos manejados por el gobierno nicaragüense.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con la rebelión de abril de 2018, la cual fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. La represión dejó al menos 355 muertos, unos 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según organismos humanitarios.
