LISBOA (AP) — Al igual que un creciente número de gente en Portugal, Georgina Simoes ya no gana el dinero suficiente para poder pagar un lugar donde vivir.
La cuidadora de un asilo de ancianos de 57 años gana menos de 800 euros (845 dólares) mensuales, una cantidad similar a la que recibe aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral del país. Durante la última década logró arreglárselas porque ha estado pagando sólo 300 euros mensuales por su apartamento de una recámara en un vecindario deslucido de Lisboa.
Ahora, en un momento en que los precios de las rentas en la capital están por las nubes, su casero la está echando. Ella dice que no está cediendo, pues hallar otro sitio cerca de su trabajo será demasiado caro.
“Vives en este estado de ansiedad”, declara en su apartamento, el cual tiene una vista parcial del río Tajo. “Cada día te despiertas pensando: ‘¿Me voy a quedar aquí o tengo que irme?’”
Simoes y muchos otros, incluyendo cada vez más a la clase media, están siendo expulsados del mercado de la propiedad de Portugal debido al alza en las rentas, los precios ascendentes de las viviendas y el aumento en las tasas de las hipotecas, todo ello azuzado por factores que incluyen la creciente llegada de inversionistas extranjeros y turistas que buscan rentas a corto plazo. Los temores agudizados en los últimos días en torno a la salud de las instituciones financieras, así como la perspectiva de que la elevada inflación continúe, han agregado más incertidumbre.
El gobierno de centro-izquierda de Portugal dio a conocer el mes pasado un paquete de medidas para atender el problema.
Entre 2020 y 2021, los precios de las viviendas en el país se incrementaron 157%. De 2015 a 2021, las rentas registraron un alza de 112%, según Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea.
Pero el creciente costo de los bienes raíces sólo deja entrever parte de la historia.
Portugal es uno de los países más pobres de Europa occidental, y desde hace tiempo ha procurado atraer inversiones a su economía de bajos salarios. Poco más de la mitad de los trabajadores portugueses ganaron menos de 1.000 euros (1.054 dólares) al mes el año pasado, según estadísticas del Ministerio del Trabajo.
En toda la UE, el incremento reciente en la inflación, especialmente los crecientes precios de los alimentos y la energía, y las persistentes consecuencias laborales y económicas de la pandemia de COVID-19 han agravado el dilema de la vivienda en el bloque de 27 naciones.
Más de 82 millones de hogares de la UE enfrentan dificultades para pagar la renta, el 17% de las personas viven en alojamientos hacinados y poco más del 10% erogan más del 40% de sus ingresos en pagar el alquiler, indicaron autoridades del bloque.
Los más afectados por el acceso inequitativo a viviendas decentes y asequibles son los jóvenes, las familias con hijos, los ancianos, las personas con discapacidades y los migrantes.
En Portugal, el problema se ha visto amplificado por el turismo, cuyo sólido crecimiento antes de la pandemia ha vuelto con gran fuerza, y también por la llegada de inversionistas extranjeros que hallaron bienes raíces a precios relativamente bajos en Lisboa y han estado provocando un alza de precios, lo cual obliga a los locales a salir de sus vecindarios.
Después de atraer 25 millones de turistas extranjeros en 2019 —un récord_, Portugal recibió a 15,3 millones el año pasado, un incremento de 158% luego del año previo de restricciones debido a la pandemia. Los analistas prevén un aumento de 33% este año.
Para algunas personas, ese éxito nacional largamente esperado de atraer a vacacionistas extranjeros hace pensar que hay que tener cuidado con lo que uno desea.
Rosa Santos, una mujer de 59 años nacida y criada cerca del castillo de San Jorge, una construcción del siglo XIV con vista a Lisboa, dice que la mayor parte de las viviendas de su vecindario están ocupadas por vacacionistas en rentas a corto plazo, en gran medida turistas extranjeros. Es usual ver y escuchar a visitantes arrastrar maletas sobre los adoquines.
Las ricas tradiciones de los locales han desaparecido, y ahora ni siquiera hay una panadería ni una tienda de comestibles allí, señala Santos.
“Ya no es un vecindario”, se quejó. “Esta no es una ciudad; es un parque de diversiones”.
Los activistas están contraatacando la tendencia que está despojando a la capital de su encanto. Santos forma parte de un movimiento creciente que está solicitando un referendo con el fin de detener las rentas a corto plazo para vacacionistas en Lisboa. Se reúnen todos los fines de semana en uno de los barrios de esta ciudad portuaria para recabar firmas en respaldo de su meta. Necesitan cuando menos 5.000 firmas para poder iniciar el proceso de referendo en el ayuntamiento.
En un día lluvioso reciente, la policía ayudó a trabajadores municipales con excavadoras a demoler varias viviendas improvisadas ilegales en las afueras de Lisboa, las cuales carecían de electricidad y agua corriente. Las familias que vivían en ellas por necesidad les rogaban que dejaran de demolerlas.
Las chozas estaban a sólo unos kilómetros de condominios de lujo en construcción en la costa de Lisboa, donde un apartamento de cuatro recámaras se vende en 2,4 millones de euros.
No lejos de allí, en el distrito Camarate de bajos ingresos cercano al aeropuerto capitalino, el misionero José Manuel ayuda a familias necesitadas, algunas de las cuales no pueden pagar un cuarto, mucho menos una casa, y por lo tanto están siendo orilladas a salir de la ciudad.
“Ya estamos hablando de que un cuarto en Camarate está en 400 euros, una casa en 600 o 700 euros”, señaló. “Los que ganan el salario mínimo no pueden costear (la renta de) una casa”.
Han surgido grupos comunitarios de defensa del derecho a la vivienda y están ayudando a la gente que pasa apuros para tener un techo. Uno de ellos, Habita, está presionando a las autoridades a que dejen de alentar la construcción de desarrollos de lujo, financiados por extranjeros acaudalados y destinados a ser ocupados por ellos.
Para Rita Silva de Habita, el gobierno también debería aplicar controles más estrictos sobre las rentas y “detener los deshaucios si no hay alternativas adecuadas de vivienda”.
El primer ministro Antonio Costa dice que las ciudades que se quedan sin sus habitantes pierden su “autenticidad” y se convierten en “una Disneylandia” para turistas.
Estas son algunas de las medidas que su gobierno espera traigan consigo una rectificación en el mercado:
— Obligar a los dueños de propiedades vacías a rentarlas, dándole prioridad a los inquilinos menores de 35 años, familias monoparentales o familias cuyos ingresos han disminuido en más del 20%.
— Establecer un tope en los aumentos de los nuevos contratos de arrendamiento a 2% por encima del contrato previo.
— Poner fin al programa gubernamental de “visas doradas”, que concede permisos de residencia a inversionistas extranjeros adinerados que adquieran una propiedad en Portugal.
— Suspender la entrega de nuevas licencias, excepto en áreas rurales, de rentas a corto plazo para vacacionistas a través de plataformas de alojamiento para turistas.
— Modificar el uso de propiedades comerciales para que sean destinadas a vivienda.
Las propuestas han generado controversia: algunos consideran que son de mano dura y desacertadas, otros dicen que carecen de detalles sobre la forma en que se implementarán. Y algunos están enojados.
Hugo Ferreira Santos, de la Asociación Portuguesa de Desarrolladores de Bienes Raíces e Inversionistas, dijo que la inversión extranjera se ha detenido, ya que la gente está aguardando a ver cuáles serán los resultados de los cambios al sistema de visas doradas.
“Lo que he estado escuchando de inversionistas extranjeros es que Portugal no es un país con credibilidad”, señaló. “Es un país que cambia las reglas del juego a la mitad del camino y un país en el que la inversión extranjera no es bienvenida”.
Los inversionistas pequeños de apartamentos para rentarlos a vacacionistas a corto plazo también se sienten agraviados.
“Hay personas que dejaron la vida, establecieron sus propios negocios, generaron empleos, tienen trabajadores y de repente un día son atropelladas sin ninguna perspectiva (a futuro)”, dijo Eduardo Miranda, director de una asociación portuguesa que representa sus intereses.
Algunas de las medidas requerirán la aprobación del Parlamento, y otras podrían ser enviadas al Tribunal Constitucional para su escrutinio.
