MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Garrido ha explicado que uno de los elementos fundamentales para que la nueva normativa salga adelante es que el control de las rentas de alquiler se ciña a un índice fijo, que en la actualidad es del 2%. "Es a lo que tiene que llegar el PSOE. Ahí la señora Calviño está haciendo de tapón y tiene bloqueada esa parte de la ley", ha apuntado Garrido en declaraciones a 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press.
Y es que, es precisamente en el índice para topar la subida de precios donde han surgido las fricciones en la tramitación de la ley. Frente a las reticencias mostradas por el departamento de Nadia Calviño a fijar un tope concreto, Garrido ha incidido en que el vigente del 2% "es razonable" y la ciudadanía "lo tiene asumido".
"No podemos dejar abierta esa subida de los alquileres", ha apostillado la diputada de Unidas Podemos, quien ha apuntado que la referencia actual del 2% "debería servir" para establecerla en la nueva normativa.
En este contexto, la diputada de Unidas Podemos confía en poder llegar a un acuerdo definitivo para alcanzar una Ley de Vivienda estatal "efectiva" para que la ciudadanía "note como se hace realidad" el control de precios "abusivos" en los alquileres.
"Es una prioridad que desde el Estado se regule y se controlen esos precios abusivos, para que el acceso a la vivienda sea un derecho y no siga en la situación en la que está", ha apostillado la portavoz de vivienda 'morada'.
NEGOCIACIÓN A VARIAS BANDAS ENTRE LOS SOCIOS DE INVESTIDURA
La negociaciones alrededor de esta norma, que salió del Consejo de Ministros hace más de un año, suceden a varias bandas entre PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu. Esto, según Pilar Garrido, no supone un problema porque las conversaciones son "coordinadas" entre los socios de investidura, que además tienen los mismos intereses.
El proyecto de ley ya tardó en salir del Consejo de Ministros por diferencias entre los dos socios de Gobierno. Finalmente, el texto llegó al Congreso en febrero de 2022, pero no fue hasta un año después, en enero de 2023, cuando la Comisión de Transportes reactivara la tramitación parlamentaria en una sesión a puerta cerrada de apenas media hora en fase de ponencia.
Pese a unos primeros avances en la norma, según indicó el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, las negociaciones volvieron a enfriarse semanas después en un escenario en el que, mientras que el Gobierno daba "prácticamente hecho" el acuerdo, tanto Unidas Podemos como ERC negaban que todo estuviera sellado.
Ahora la intención es reactivar la tramitación cuando pase Semana Santa y no la próxima semana, que era la intención de varios grupos, según fuentes parlamentarias.
Estos plazos supondrían que la norma sería aprobada en el Congreso antes de las elecciones autonómicas y municipales, pero no el Senado, por lo que su entrada en vigor definitiva y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se pospondría a después del 28 de mayo.
