MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
En su demanda, con fecha del 7 de marzo, Toledo aseguró que se había infringido la Quinta Enmienda --ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal-- ante la "falta de garantías procesales" durante la tramitación de la extradición reclamada por las autoridades peruanas.
Toledo argumentaba que el Departamento de Estado no habría revelado "las bases no clasificadas de su decisión" ni habría dado "la oportunidad de rebatir esas bases en un intercambio de opiniones completo y justo", según el fallo al que ha tenido acceso el diario peruano 'La República'.
Por ello, exigía a la Justicia de Estados Unidos que declarase inconstitucional la decisión del Departamento de Estado de dar luz ver a su repatriación y revocase la libertad bajo fianza que se le impuso durante el proceso.
El fallo de la jueza Beryl A. Howell, de la Corte del distrito de Columbia, apunta que la decisión de extraditar a Toledo "no se produce en el vacío", sino que depende de "una cantidad sustancial de otros procesos" centrados en su condición de extraditable, dando a entender que ha estado intentando dilatar el proceso.
La decisión es simplemente "el paso final en lo que han sido varios años de oportunidades" para Toledo "para presentar pruebas" y "procedimientos contradictorios" a fin de "atacar colateralmente las decisiones judiciales" con "ilimitadas" presentaciones escritas al Departamento de Estado, explica.
Howell advierte de que Toledo parece estar intentando "eludir" las decisiones de los tribunales y afirma que "no deja de ser irónico" que "cometa semejante abuso del proceso judicial" y al mismo tiempo "se queje" de la falta de garantías procesales y por tanto no detendrá los procedimientos con respecto a su extradición.
Las autoridades peruanas alegan que Toledo recibió sobornos de la empresa de construcción Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, algo que él niega. En total, la Fiscalía pidió 55 años de cárcel, mientras que por el caso Ecoteva, ha reclamado 16 años y ocho meses por supuesto blanqueo de dinero.
