CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el jueves su alarma por la continua erosión del Estado de Derecho en Guatemala y rechazó las represalias contra aquellos que contribuyeron con la lucha anticorrupción en el país.
En un comunicado Türk dijo estar preocupado también por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de rechazar candidaturas presidenciales por “aparentes motivos arbitrarios” para las elecciones del 25 de junio.
“Es particularmente preocupante que se estén utilizando procesos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes están involucrados en la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, dijo Türk, cuya oficina tiene sede en Ginebra.
El representante de la ONU agregó que han sido acosados y enjuiciados extrabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo que durante 12 años desarticuló grupos clandestinos incrustados en el poder acusados de corrupción y otros delitos. El acuerdo que dio paso a la instalación de la CICIG en Guatemala, firmado entre las Naciones Unidas y los gobiernos guatemaltecos de turno, incluía la inmunidad durante y después del trabajo de la Comisión.
“El 28 de marzo, en el último de una serie de casos de este tipo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció que emprendería acciones legales contra el excomisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese en relación con su trabajo con la Comisión”, destacó el Alto Comisionado. Antes, el fiscal Rafael Curruchiche, titular de dicha fiscalía, había amenazado con acciones contra el excomisionado de la CICIG Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, que finaliza en 2024, más de 30 funcionarios de justicia se han exiliado y más de 50 activistas, periodistas y opositores buscaron el mismo camino tras denunciar una criminalización en su contra por sus acciones anticorrupción.
Otro caso en el que se ha denunciado criminalización es en la reciente detención del exfiscal Orlando López, quien llevó a la justicia al exdictador José Efraín Ríos Montt, condenado por un tribunal a 80 años de prisión. La sentencia fue luego anulada por la Corte de Constitucionalidad.
El fiscal López fue detenido y luego, con arresto domiciliario, vinculado a un proceso penal. La Fiscalía dice que López ejerció la abogacía cuando era fiscal, algo que no permite la ley, mientras que él alega que estaba suspendido de su trabajo en ese tiempo.
El Alto Comisionado también se pronunció sobre el proceso electoral en Guatemala y enfocó su preocupación en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, que ha rechazado candidaturas como la de Thelma Cabrera, la única mujer indígena que intentó postularse para las elecciones de junio, y de su vicepresidenciable Jordán Rodas, así como la del político de derecha Roberto Arzú, rechazados “por motivos aparentemente arbitrarios”, dijo Türk.
Poco más de nueve millones de guatemaltecos están llamados a las urnas el 25 de junio para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, diputados al Parlamento Centroamericano y alcaldes municipales para los próximos cuatro años a partir de 2024. El ordenamiento jurídico de Guatemala no permite la reelección presidencial.
