MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La batalla legal entre Estados Unidos e Irán empezó cuando Teherán recurrió a la CIJ a mediados de 2016 con la finalidad de obtener el desbloqueo de sus fondos. Su decisión se produjo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara a las familias de las víctimas de los atentados perpetrados en 1983 en Beirut acceder a los 2.000 millones de dólares (unos 1.771 millones de euros) en fondos congelados a Irán.
Entre los beneficiarios de estos fondos se encontraban, además de los familiares de las víctimas mortales de los atentados en Beirut, los de las víctimas de un atentado ejecutado en 1996 en Arabia Saudí, entre otros ataques.
Irán alegó entonces que esto suponía una violación del Tratado de Amistad de 1955 que firmó con Estados Unidos. Poco después, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo anunció en octubre de 2018 la retirada de Washington del Tratado de Amistad, por lo que la parte estadounidense alegó que, tras poner fin al pacto, el reclamo iraní de recuperar sus activos quedaba anulado.
Pese a ello, el tribunal de La Haya ha sentenciado este jueves en su fallo que Teherán no tiene jurisdicción sobre los 1.750 millones de dólares en activos, ya que, en virtud del tratado, el Banco Central de Irán, conocido como Markazi, no es una empresa comercial.
El Ministerio de Exteriores de Irán ha señalado que este fallo emitido por la corte representa la "legitimidad" de las decisiones de Teherán y una "prueba" de la "violación" de las obligaciones internacionales por parte de Washington, ha recogido la agencia de noticias Mehr.