BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)
Los negociadores de la Eurocámara y del Consejo acordaron a finales del pasado año actualizar las normas sobre seguridad de los productos y, tras la aprobación del pleno con 569 votos a favor y 13 en contra sólo queda la adopción formal de los Veintisiete para que pueda entrar en vigor.
Según datos de los colegisladores comunitarios, los accidentes evitables causados por productos inseguros cuestan 11 500 millones de euros anuales en la Unión Europea, en un momento en el que el 73% de los consumidores europeos dicen realizar parte de sus compras vía Internet.
El resultado de la modificación acordada, para garantizar que ningún producto comercializado pueda poner en riesgo a los consumidores, las evaluaciones de la seguridad de los productos incluidas en el reglamento tienen en cuenta los peligros potenciales para los grupos más vulnerables, como los menores, así como consideraciones de género y de ciberseguridad.
En caso de que se produzca una alerta de seguridad o retiro del mercado, los operadores económicos y los mercados en línea deberán informar a todos los consumidores afectados identificables y difundir ampliamente la información.
Estos avisos de retirada, además, deberán evitar toda expresión que pueda reducir la percepción del riesgo del producto por parte de los consumidores. Según datos de las instituciones europeas, un tercio de los consumidores 'online' continúan utilizando artículos cuya retirada se ha producido después de que los adquirieran.
Los consumidores, por su parte, tendrán derecho a presentar una denuncia o iniciar acciones colectivas. El sistema de alerta rápida para productos peligrosos (la "Puerta de seguridad") se modernizará para permitir una detección más eficiente de productos peligrosos y será más accesible para las personas con discapacidad.
Otra de las novedades es la introducción de obligaciones para los mercados online, incluida la designación de un único punto de contacto para las autoridades nacionales de supervisión y los consumidores.
Las autoridades nacionales de control podrán ordenar a los mercados en línea que eliminen o desactiven el acceso a ofertas de productos peligrosos rápidamente y, en cualquier caso, en un plazo de entre dos y tres días hábiles, mientras que los proveedores deberán asegurarse de verificar aleatoriamente la presencia de productos inseguros.
