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Congreso de Perú anunciará hoy si aprueba el pedido para destituir a la presidenta Dina Boluarte

Si el pedido obtiene 52 votos, Boluarte será invitada al Parlamento a defenderse en persona o a través de su abogado

ARCHIVO - La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece una rueda de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 10 de febrero de 2023. El Congreso peruano anunciará el jueves 30 de marzo de 2023 si da tratamiento a un pedido para destitui AP (Martin Mejia/AP)

El Congreso peruano anunciará el jueves si da tratamiento a un pedido para destituir a la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las manifestaciones en reclamo de su renuncia que empezaron apenas inició su mandato en diciembre.

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La próxima semana el Parlamento votaría si admite o no el pedido de remoción que presentó en enero la izquierda y cuya inclusión en la agenda parlamentaria fue postergada sin razones claras.

El camino a una destitución es incierto. Si el pedido obtiene 52 votos, Boluarte será invitada una semana después al Parlamento a defenderse en persona o a través de su abogado. Luego se necesitarían 87 votos -de un total de 130 legisladores- para destituir a la presidenta.

El pedido indica que “jamás en la historia del Perú un gobierno en tan poco tiempo ha asesinado a más de cuarenta personas en manifestaciones”. Las protestas han dejado 67 muertos, 49 de ellos civiles que fallecieron en choques con las fuerzas de seguridad.

El pedido añade que el “uso desmedido y desproporcionado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional merece tener más de un responsable, principalmente, el presidente de la república, puesto que de acuerdo con la constitución política es el jefe supremo” de las fuerzas de seguridad.

El primer ministro Alberto Otárola dijo a inicios de semana sentirse confiado en que la solicitud no prosperará. “El Congreso tendrá que procesar. Confiamos en que la representación nacional mandará al archivo tan absurdo pedido”, indicó.

El antecesor de Boluarte, el expresidente Pedro Castillo, fue destituido el 7 de diciembre por incapacidad moral permanente. Castillo está bajo prisión preventiva por 36 meses mientras es investigado por la fiscalía por presunta corrupción, crimen organizado y rebelión.

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