CARACAS (AP) — La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela anunció el jueves que solicitó al Ministerio Público abrir una investigación en contra de un grupo de funcionarios y empresarios vinculados a la corporación Venezolana de Guayana, a cargo de un conjunto de empresas siderúrgicas y de recursos mineros de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.
Como resultado de lo que el comunicado oficial califica de “rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada”, se procedió con la segunda fase del operativo especial ‘Caiga quien Caiga’”, una iniciativa difundida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en la que defiende estar luchando contra la corrupción en distintas ramas y niveles del Poder Público.
La nueva investigación sucede a la abierta días atrás, con igual esfuerzo de difusión pública, por una presunta trama de corrupción en la comercialización internacional de hidrocarburos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),
Los funcionarios y empresarios bajo la nueva pesquisa, que no fueron identificados, estarían incursos “en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, en clara acción lesiva contra el patrimonio de la Nación”, agregó la policía.
El anuncio se produjo casi dos semanas después que el Ministerio Público designó a cinco fiscales para indagar los presuntos ilícitos en PDVSA e imputó a 21 personas, 11 de ellos altos funcionarios, cercanos colaboradores del otrora poderoso ministro de Petróleo, Tareck El Aiisami, quien renunció al cargo, argumentando que tomó esa decisión para “acompañar y respaldar totalmente” las investigaciones.
El fiscal general, Tarek William Saab, ha dicho que en el caso de corrupción en PDVSA está involucrada directamente la superintendencia nacional de criptoactivos (Sunacrip), donde la Fiscalía habría logrado detectar una red de funcionarios que valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones comerciales petroleras paralelas a PDVSA.
De acuerdo con las investigaciones, la superintendencia suscribía contratos para la carga de crudo en buques “sin ningún tipo de control administrativo ni garantías”, violando las normas legales, y una vez comercializado el crudo, “se incumplió con los pagos correspondientes” a la petrolera generando un importante daño patrimonial, señaló Saab. Las autoridades no han mencionado un monto.
El Aissami -sancionado por Estados Unidos por presunto narcotráfico en 2017- designado ministro en 2020 por el gobierno de Nicolás Maduro, con la misión de reconducir una producción petrolera que en años recientes experimentó una drástica caída.
Recibió también el encargo de diseñar un entramado con el que poder sortear las sanciones de Washington que buscan impedir que la administración de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, al congelar activos internacionales de Venezuela y prohibir a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas.
Entre los detenidos por el presunto fraude en PDVSA destaca Joselit Ramírez, superintendente nacional de Criptoactivos, un instrumento usado ampliamente por el gobierno de Maduro para comercializar los recursos petroleros y mineros del país sudamericano en el exterior.
Ramírez también se desempeñó, bajo el mando de El Aissami, como director general de la vicepresidencia y director del despacho del Ministerio de Industria y Producción Nacional. En enero de 2017, Maduro nombró a El Aissami vicepresidente de la república, cargo que dejó tras ser designado ministro de Industria y Producción nacional en junio de 2018.
