MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
"Instamos a las autoridades de China a que restablezcan a los hongkoneses sus derechos y libertades, liberen a los detenidos o encarcelados injustamente y respeten el estado de derecho, así como los Derechos Humanos en Hong Kong", ha precisado en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
Los comentarios de Blinken se producen después de que Washington haya publicado un informe anual, que cubre el periodo entre abril de 2022 y enero de 2023, en el que describe que Pekín ha tomado medidas que "amenazan directamente los intereses de Estados Unidos en Hong Kong".
El texto alega que China ha utilizado la "seguridad nacional" con el objetivo de "socavar el estado de derecho", así como los derechos y libertades. "Durante el período cubierto, las autoridades de China continuaron negando a las personas en Hong Kong la capacidad de desempeñar un papel significativo en el Gobierno de la ciudad, lo que incluye permitir por primera vez que solo un candidato se postule para el cargo de jefe ejecutivo", ha sentenciado.
Asimismo, Washington apunta a los arrestos de activistas "por expresarse de forma pacífica y criticar a los gobiernos locales y centrales" a la par que ha denunciado que las autoridades niegan la libertad bajo fianza a los detenidos y les mantienen en "largos periodos de detención preventiva".
"Las autoridades de Hong Kong y China continuaron apuntando a grupos de la sociedad civil, empresas de medios, activistas, periodistas, partidos políticos, sindicatos y otras personas y organizaciones a las que acusaron de estar conectadas con el movimiento a favor de la democracia de Hong Kong", ha resaltado.
En este sentido, se ha referido al cierre de los periódicos prodemocráticos 'Stand News' y el 'Apple Daily', propiedad del magnate opositor hongkonés Jimmy Lai, tras una serie de arrestos y campañas en su contra por publicar noticias de las protestas.
Washington también ha recordado el arresto y juicio contra el cardenal Joseph Zen Ze-kiun, obispo emérito de Hong Kong, acusado por las autoridades de "colaboración con potencias extranjeras" y por violar la Ley de Seguridad de Nacional.
Esta polémica legislación, que criminaliza la sedición, la traición, el separatismo y la injerencia extranjera, ha sido criticada por Naciones Unidas, así como por Estados Unidos y la Unión Europea, que han señalado que supone un instrumento para acallar la disidencia en el territorio.
