CARACAS (AP) — Una startup tiene como dirección un pequeño domicilio en un barrio obrero de la capital de Venezuela, cuyo dueño nunca ha oído hablar de la empresa. Otra es una empresa fachada con sede en Hong Kong creada en 2020. Otra más pertenece a un negociante español de materias primas acusado en Estados Unidos de presuntamente ayudar a oligarcas rusos a lavar ganancias mal habidas.
Son parte de las decenas de intermediarios furtivos que son el blanco de una nueva campaña en Venezuela contra la corrupción en la empresa petrolera estatal, la cual ha obligado a miembros del gobierno a correr en busca de refugio. Mientras tanto, el común de los venezolanos se preguntan a dónde fueron a parar más de 20.000 millones de dólares de la exportación de petróleo.
La purga comenzó este mes cuando las autoridades arrestaron a 21 personas, entre ellos directivos de empresas, altos funcionarios y un legislador, como parte de una investigación de pagos faltantes por envíos de petróleo. Como muestra del deseo del gobierno de promover su cruzada contra la corrupción, la prensa estatal abundó esta semana en imágenes de los acusados al entrar a su audiencia judicial inicial, con vestimenta naranja de presos.
La corrupción ha sido desde hace muchos años una plaga en Venezuela —el país miembro de la OPEP fue el cuarto más corrupto del mundo en la lista más reciente de Transparencia Internacional—, aunque los poderosos rara vez son llamados a rendir cuentas.
Y cuando se realizan arrestos de gran repercusión, los venezolanos tienden a verlos como el resultado de forcejeos tras las bambalinas entre los pesos pesados del gobernante partido socialista, no una impartición imparcial de justicia en un país donde la mayoría de las instituciones carecen de independencia.
Una cultura arraigada de corrupción y la naturaleza opaca inherente al negocio del crudo elevan el delito a niveles inéditos.
“Son dos cosas que se juntan en este momento”, explica Francisco Monaldi, un economista venezolano que encabeza el programa de estudios sobre energía latinoamericana en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. “Sería muy difícil incluso para un régimen mucho menos corrupto aplicar los controles necesarios”.
El escándalo, cuyas consecuencias se prolongan, ya ha derribado a un importante agente de poder: Tareck El Aissami, el zar del petróleo. Renunció tras el arresto de —entre otros— un estrecho socio suyo, Joselit Ramírez, que era el regulador de la criptomoneda en el país. Estados Unidos ya consideraba a ambos prófugos de la justicia.
Aunque las autoridades venezolanas no han mencionado a El Aissami entre los blancos de la investigación, la mayoría de las transacciones furtivas en la gran petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA ocurrieron bajo su mando y mientras Asdrúbal Chávez, primo del difunto presidente Hugo Chávez era presidente de la empresa, conocida generalmente como PDVSA.
Documentos internos de PDVSA obtenidos por The Associated Press revelan que hasta agosto de 2020 se le debían a la petrolera estatal 10.100 millones de dólares, siendo los deudores 90 compañías comerciales poco conocidas que han surgido como grandes compradoras de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones económicas en una campaña para derribar al presidente Nicolás Maduro.
Al gobierno nacional se le deben otros 13.300 millones de dólares correspondientes a 241 embarques en buques cisterna como resultado de una maniobra contable de PDVSA que reasignó la responsabilidad de cobro de facturas impagas directamente al gobierno de Maduro en lugar de regalías en metálico. Esta cifra supera la de todas las reservas en moneda extranjera en el banco central venezolano.
Todos los cargamentos de petróleo se vendieron en consignación y con grandes descuentos debido a las sanciones, que han espantado a los negociantes más tradicionales.
PDVSA empezó a recurrir más que nunca a los intermediarios en 2020, cuando el gobierno de Donald Trump amplió las sanciones con la amenaza de excluir de la economía estadounidense a cualquier individuo o empresa, independientemente de su nacionalidad o sede, que tuviera negocios con el gobierno de Maduro.
Con estas sanciones, combinadas con la caída global de la demanda de petróleo provocada por la pandemia, la producción a mediados de ese año se redujo a 350.000 barriles diarios, el 10% de lo que se producía cuando Chávez asumió en 1999.
Para vender lo poco que se produce, Maduro, con ayuda de los aliados Rusia e Irán —también bajo sanciones estadounidenses— ha debido recurrir a una red compleja de intermediarios. La mayoría son empresas fachada, registradas en jurisdicciones conocidas por conservar el secreto. Los compradores envían los llamados buques cisterna fantasmas, que ocultan su ubicación y entregan su carga valiosa en medio del océano antes de llegar a destino.
Para evitar los bancos occidentales, Venezuela empezó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes en trueque o criptomoneda, pero no todos pagaban.
En la lista de deudores figura Walker International, que debe a PDVSA unos 77 millones de dólares, según los documentos. La empresa está registrada en Emiratos Árabes Unidos y su dirección en Venezuela es una casa modesta al pie de las montañas que separan a Caracas del Caribe.
El dueño de la casa, Andrés Muzo, se declaró escandalizado de que su domicilio hubiera quedado atrapado en un caso de corrupción internacional.
Al ver su dirección registrada como empresa en Dubái, descubiertos por el sitio noticioso venezolano Armando.info, Muzo meneó la cabeza y dijo que le preguntaría a la gente que alquila su garaje adyacente para un negocio de cambio de aceite.
No sabemos nada, aseguró.
El intermediario más endeudado es M and Y Trading Co, registrada en Hong Kong en 2020. Debe a PDVSA más de 1.200 millones de dólares, según los documentos internos, que alguien al tanto de las transacciones facilitó a la AP a condición de no ser identificado.
Otro vendedor preferido fue United Petroleo Corp, registrado en Panamá en 2021 y que debe más de 468 millones de dólares. Una de las cargas de United —un embarque de 600.000 barriles en septiembre— está en el centro de una controversia en la isla holandesa de Curaçao, donde se almacena crudo venezolano en instalaciones vinculadas con inversionistas estadounidenses, posiblemente en desafío de sanciones.
Otro de los socios de PDVSA era Treseus International. Esta correduría de materias primas, que no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios, está dirigida por Juan Fernando Serrano, un español acusado el año pasado de lavado de dinero en una corte federal en Manhattan por asociación para contrabandear petróleo en beneficio de rusos ricos.
La misma corte busca a El Aissami y Ramírez para juzgarlos por violar las sanciones estadounidenses. En 2017, Washington designó a El Aissami como un “jefe del narcotráfico” por presuntamente ayudar a carteles a contrabandear cocaína a través de Venezuela.
Las autoridades no han revelado aún el monto del dinero faltante, pero en sus recientes apariciones públicas, Maduro ha advertido a los funcionarios sobre la corrupción. Sus seguidores realizaron un acto contra la corrupción en Caracas.
Las campañas anteriores —con el arresto de un expresidente de PDVSA en 2017— prácticamente no han servido para limpiar la industria petrolera, responsable de casi toda la recaudación de divisas duras por el país. Muchos analistas creen que Maduro busca estabilizar la economía de cara a la elección presidencial del año próximo.
“Las arcas están vacías y el país entra en un año electoral en el que Maduro quiere enviar un mensaje de que Venezuela ha vuelto a encarrilarse”, señala Geoff Ramsey, del instituto de investigaciones Atlantic Council. “Cuanto más claro resulte que la economía está en dificultades graves, más buscará Maduro a gente para echarle la culpa”.
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Goodman contribuyó desde Miami para este reportaje.
