MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El fiscal general brasileño Rodrigo Janot había recurrido estas medidas contempladas en el Código de Proceso Penal en 2015 por considerar que "viola la conformación constitucional y los objetivos fundamentales de la República, el principio de la dignidad humana y el de la isonomía".
El dictamen del Supremo señala que "el orden constitucional actualmente vigente no permite perpetuar esa lógica discriminatoria y desigual", según la opinión del juez Alexandre de Moraes.
"Conceder beneficio carcelario a quienes tengan un diploma de enseñanza superior so satisface ninguna finalidad constitucional y tampoco implica mayor protección al bien jurídico que ya no esté ya protegido por otras normas", ha añadido.
Así, "no protege a una categoría de presos fragilizada o merecedora de tutela. Por el contrario, favorece a quienes ya están favorecidos por su posición socioeconómica", por lo que su prolongación supone un "verdadero privilegio" que "materializa la desigualdad social y el sesgo selectivo del derecho penal".
La prisión especial para personas con titulación superior data de 1937, cuando fue aprobada durante el Gobierno de Getúlio Vargas para evitar que estos acusados fueran retenidos en los centros genéricos.
