MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
"Las medidas adoptadas, como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas de Honduras, comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder Juidicial y del Ministerio Público en su función de dirección y control de las detenciones" ha explicado esta organización en su cuenta de Twitter.
En un informe publicado por OACNUDHHN, han recordado al Gobierno de Honduras que "las declaraciones de estado de excepción y suspensión de derechos fundamentales deben ser adoptadas en estricto respeto al derecho internacional de los derechos humanos".
"Todas las medidas tomadas en este contexto deben ser proporcionales, temporales y limitarse a las estrictamente requeridas por las exigencias de la situación" han añadido.
Sin embargo, la Oficina ha mostrado su agrado con "la instalación de una mesa inter-institucional de alto nivel de seguimiento a la implementación del estado de excepción".
El 24 de noviembre de 2022, la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró Emergencia Nacional de Seguridad para combatir la extorsión por parte de grupos del crimen organizado y el 6 de diciembre entró en vigor el Estado de Excepción en los barrios con mayor criminalidad.
Las principales medidas adoptadas fueron la suspensión de los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación y también otorgó facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
Este mismo viernes el Consejo de Defensa y Seguridad (CDS) de Honduras aprobó la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad, que entre sus nueve medidas contempla la ampliación del estado de excepción por otros seis meses.
Algunas de las nuevas medidas que se llevarán a cabo incluyen la puesta en funcionamiento de las cámaras de vigilancia 911 en un plazo de un mes, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto a la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel, procederán a "prohibir la compra y venta de SIM Cards, chips para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores", según ha explicado el representante del Gobierno, Ivis Alvarado, en un comunicado recogido por el medio 'Hondudiario'.
