CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó el lunes al Fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan de mostrar un juicio de valor anticipado contra Venezuela al desestimar los alegatos presentados por el gobierno en la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017 en el país sudamericano en las que murieron 120 personas.
Khan “da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”, señaló la cancillería venezolana en un comunicado.
En el escrito, la cancillería comentó que el 28 de febrero entregó a la CPI un sólido documento que “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad”.
Las acusaciones contra la CPI, con sede en La Haya, se producen dos días después que el fiscal jefe de la CPI anunció que fueron desestimados los recursos presentados por el gobierno de Maduro contra la apertura de la investigación.
Khan solicitó en noviembre la reapertura de una investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Seis meses antes de la solicitud para reabrir la pesquisa, Venezuela había solicitado a la CPI que difiriera la investigación contra las autoridades venezolanas.
El fiscal destacó que encontró una base razonable para concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017, y que el país no ha demostrado que haya hecho justicia o reparado a las víctimas.
La CPI es una instancia de último recurso que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo.
El gobierno venezolano sostiene que su sistema judicial está activado para garantizar la justicia bajo su jurisdicción y ha atribuido el proceso a una estrategia promovida por Washington.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando, según denuncias de opositores y activistas de derechos humanos.
La administración de Maduro suscribió en su momento un memorando de entendimiento con el fiscal Khan en el que se comprometió a cooperar para esclarecer los hechos.
El caso fue llevado a la CPI por alguno de los Estados miembros -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los delitos.
