QUITO (AP) — Mientras el ex asambleísta y abogado Ramiro Aguilar tomaba un café la semana pasada en Quito, capital de Ecuador, dos delincuentes llegaron para robar celulares. Fue encañonado con una arma y se lanzó al suelo, mientras se escucharon dos pulsaciones de gatillo. El arma se encasquilló.
“En este momento era hombre muerto, eran la 15.00 horas y ahí estábamos dos personas”, narra a The Associated Press este abogado quiteño con experiencia en temas penales.
“En un país tan corrupto, el permiso de porte de armas será vendido con facilidad, y las armas en manos de civiles son un peligro para toda la sociedad, incluso para la misma policía”, cuestionó Aguilar.
El hecho ocurrió el 28 de marzo y cuatro días después, el presidente del país, Guillermo Lasso, anunciaba que autorizada la tenencia y porte de armas de uso civil como método de defensa.
Aguilar cree que “es una decisión negativa y contraproducente en cualquier sociedad”.
Para llevar un arma y poder usarla, los ciudadanos deberán sacar un permiso y varios certificados de destreza, psicológico y ausencia de antecedentes penales.
Pero las críticas arreciaron a la decisión de Lasso desde que la anunció. Por un lado, hay voces que lo ven como una aceptación implícita de que el Estado no puede vencer a los delincuentes ni garantizar la seguridad.
Por otro lado, hay serias dudas de que, como ya ha ocurrido con otros certificados o permisos, se pueda obtener licencia de armas de forma irregular, dada la corrupción reconocida en las instituciones.
El mismo gobierno ha admitido -y la Fiscalía ha abierto investigaciones- que el crimen organizado ha permeado en la policía y el Ejército, llegando hasta su cúpula. En diciembre de 2021, ya bajo la gestión de Lasso, Estados Unidos retiró la visa a varios generales por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tres años antes, en 2018, seis bogedas militares fueron allanadas por presunto tráfico de armamento con disidentes de la guerrilla colombiana. Además, una tonelada de droga fue incautada ese año tras hallarla en una base militar.
Pero será el Ministerio de Defensa el que deba entregar los certificados de destreza en armas y el Ministerio de Salud, los psicológicos. Habrá un sistema de registro cuyo control estará bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Salud también se vio envuelto en la polémica en el año 2020 por emitir de forma irregular miles de carnés de discapacidad, entre ellos, a políticos, académicos e incluso asambleístas.
Otro frente de críticas está centrado en la gestión que ha hecho el gobierno en la lucha contra la delincuencia y la falta de seguridad y protección a los ciudadanos.
La tasa de homicidios pasó de un 7,1 por 100.000 habitantes en 2020, a 14,1 en 2021 y a 26 en 2022. El año pasado, tuvo 4.600 muertes violentas, cuando en 2021 esa cifra, que ya se había disparado, fue de menos de la mitad.
El general de policía retirado y exministro de Interior del gobierno de Lasso, Patricio Carrillo, admitió a la AP que la medida va en la dirección contraria al resto de naciones. “No podemos ir contracorriente, la mayoría de sociedades han eliminado o buscan cerrar el acceso a las armas", recordó Carrillo.
Dijo que es una decisión inconsulta y sin debate. Al compartir el monopolio de la fuerza estatal con la sociedad civil, criticó, “les estamos fallando a los ciudadanos”. Su receta pasa por "alentar políticas de prevención, organización y cohesión social".
El analista y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy Rivera, en declaraciones a la AP señaló que esa es una medida “de corte absolutamente demagógico e irresponsable”, porque el Estado incumple tratados y convenios internacionales que le obligan a proteger a su población. Está “delegando a la sociedad" su seguridad, apuntó.
“Entonces la ciudadanía queda en medio de fuego cruzado entre los criminales y de la inacción del Estado”, insistió el docente, recordando que la institucionalidad está “destrozada”, con una policía mal armada y sin recursos y un sistema judicial cuestionado e ineficiente.
Varias universidades del país recogieron su rechazo total a la medida en una carta. La universidad Católica, la Politécnica Salesiana, la del Azuay, o la UTE, entre otras, estimaron que el uso de las armas aumenta las muertes violentas.
Hay reportes diarios de extorsiones en pequeños negocios a quienes se exige un pago para no ser atracados; de secuestros para vaciar las cuentas bancarias, de atracos y asaltos en la vía pública, o de crímenes al estilo sicariato.
La exsubsecretaria de Derechos Humanos, Emilia Carrasco, en declaraciones a la AP, expresó que en el mundo no hay un país donde haya correlación entre el porte de armas y la disminución de la violencia. “Está demostrado que la mejor forma de combatir la delincuencia y el crimen es reducir la desigualdad y la pobreza", cuestión la exfuncionaria.
Preguntado en una entrevista en televisión, Lasso ha defendido que el momento permitir el uso de armas en civiles era ahora porque así lo han pedido “los ciudadanos, yo escucho permanentemente, y no estamos hablando del porte y tenencia, sino del porte y tenencia regulado de armas”, con énfasis en la palabra regulado.
Desde que comenzó su gobierno, en mayo de 2021, ha decretado al menos 17 estados de excepción debido al repunte de la violencia en el país, principalmente, en la ciudad portuaria de Guayaquil y sus alrededores, donde vuelve a regir el estado de excepción y un toque de queda nocturno desde el sábado.
