CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Miles de fieles católicos nicaragüenses celebraron el viernes el tradicional Vía Crucis penitencial dentro de los templos y parroquias del país, después de que el gobierno de Daniel Ortega a través de la policía prohibiera a la Iglesia católica realizar las procesiones de Semana Santa de forma masiva y en las calles.
En Managua, cientos de devotos replicaron el camino de Jesús hacia la cruz reunidos en los patios de la Catedral Metropolitana, acompañados por el cardenal Leopoldo Brenes. En años anteriores, esta celebración solía reunir a millares de devotos y promesantes en procesión por las calles de la capital.
“A pesar de que se dio alrededor, todo fue en orden”, comentó a The Associated Press un hombre que se identificó como Germán Miranda y que llegó a la catedral para participar en el Vía Crucis. Dijo que esta celebración “antes era mejor, porque era más libre” y que le gustaría que el gobierno y la Iglesia católica “se reconcilien, para un porvenir mejor”.
El cardenal Brenes confirmó a la AP que el Vía Crucis tuvo que realizarse esta vez “alrededor de los templos” o en el interior de los mismos. Sin embargo, minimizó la repercusión de la prohibición policial señalando que “en toditas las parroquias se ha celebrado, (aunque) no en toda la intensidad”.
La población de Nicaragua es mayoritariamente cristiana y la celebración de Cuaresma es una de las fiestas más importantes. Durante la Semana Santa, miles de fieles suelen desbordarse en procesiones en distintas ciudades del país, siendo las más concurridas las del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.
El gobierno comenzó a restringir las actividades religiosas el año pasado, tras un aumento de las tensiones con la Iglesia católica. Aunque no emitió una prohibición oficial, sacerdotes y párrocos del país recibieron esas advertencias de forma verbal por parte de la policía, antes de cada actividad.
La constitución de Nicaragua establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión” y que “nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos”.
Ortega mantiene preso al obispo de Matagalpa (norte), monseñor Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado junto a 222 opositores excarcelados y enviados a Estados Unidos.
El mandatario sandinista ha llamado “terroristas” y “delincuentes” a los obispos miembros de la Conferencia Episcopal, a quienes acusa de haber apoyado las protestas sociales de abril de 2018 contra su gobierno.
El jueves, la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, arremetió en los medios oficiales contra lo que llamó “el dios de los católicos”. “Nosotros lo vemos como parte de una manipulación de quienes no creen en Dios, no viven el cristianismo, no saben ser respetuosos o solidarios”, afirmó.
Esta semana, el gobierno expulsó del país al sacerdote panameño Donaciano Alarcón, quien era párroco de la localidad rural de Cusmapa (norte). En declaraciones a medios de prensa de su país, el cura dijo que el 3 de abril fue detenido “de manera brusca” por la policía nicaragüense después de oficiar una misa.
“Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera (con Honduras) y ahí me hicieron cruzar y me dijeron: usted está fuera del país y no puede regresar más”, dijo Alarcón a la radioemisora Hogar de la Arquidiócesis de Panamá.
El sacerdote dijo que la policía lo acusó de “soliviantar al pueblo” y de realizar “vía crucis y procesiones”, lo cual él negó. “Yo no hice procesión, porque estaban prohibidas, y yo era el primerito en decirle a la gente que no hubiera procesión”, indicó.
Esta misma semana también se denunciaron capturas de presuntos opositores. El Movimiento Universitario 19 de Abril reportó el arresto de su vicepresidente, Jasson Salazar, de 26 años, quien fue sacado por la policía de manera “ilegal” y “arbitraria” de su vivienda en Managua, y aseguró que aún permanece detenido.
También se reportó la detención de la joven Anielka García, en la ciudad de Chichigalpa (noroeste) y de la opositora Olesia Muñoz, que estuvo presa en 2018 por participar en protestas. Familiares del periodista Víctor Ticay, del canal 10 de televisión, dijeron que el reportero fue detenido por la policía un día después de cubrir una procesión religiosa en el municipio de Nandaime (sur).
La policía de Nicaragua no ha confirmado ninguno de estos arrestos.
Las tensiones entre Ortega y la Iglesia católica se incrementaron en el último año, tras la expulsión en marzo de 2022 del nuncio apostólico Waldemer Sommertag, quien en diversas ocasiones intentó abogar por la liberación de los opositores presos.
Ortega ha atacado duramente al Vaticano calificándolo de “mafia” y el pasado 12 de marzo el papa Francisco se refirió al gobierno nicaragüense como “una dictadura grosera”. Días después, el gobierno anunció la “suspensión” de relaciones diplomáticas con el Vaticano, que se tradujo en el cierre de ambas misiones en Roma y en Managua.
Estas tensiones se viven a pocos días de cumplirse cinco años de la revuelta de abril de 2018, cuando la represión policial sobre manifestantes civiles dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados.
