BARCELONA (AP) — El plan para aumentar el regadío en una zona próxima a uno de los humedales más preciados de Europa está previsto que salga adelante el miércoles cuando los legisladores de Andalucía, una región del sur de España, voten a favor.
La propuesta para recalificar las tierras va en contra del consejo de los ecologistas y de las repetidas advertencias de funcionarios de la Unión Europea.
Se espera que la votación inicie el camino para que el proyecto se convierta en ley. Es una propuesta del conservador Partido Popular, que gobierna la región con mayoría absoluta, y cuenta con el respaldo del partido de ultraderecha Vox.
Si se convierte en ley, unas 1.500 hectáreas (3.700 acres) de tierra próximas a la reserva natural de Doñana serán declaradas regables. Esto concedería una amnistía a las numerosas explotaciones agrícolas que utilizan ya pozos ilegales para sacar agua del acuífero subyacente a los humedales para cultivar las fresas que se exportan a toda Europa.
El Partido Popular sostiene que su intención es ayudar a los agricultores que están en un limbo legal a regularizar su modo de vida y promete que el plan no dañará a los humedales.
El vocero del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, dijo que su gobierno está comprometido con la protección de Doñana y que la ley propuesta analizaría caso por caso los pedidos de derechos de agua de los agricultores.
“Me preocupa que se esté trasladando a la UE una imagen distorsionada de lo que dice la proposición de ley", dijo.
Los ecologistas y los partidos de la oposición, por su parte, acusan a la formación de tratar de obtener votos antes de las elecciones regionales del 28 de mayo. El proyecto de ley podría aprobarse antes de los comicios.
En 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por descuidar los humedales de Doñana.
El mes pasado, Florika Fink-Hooijer, jefa de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, dijo al gobierno español que Bruselas no toleraría el plan de Andalucía.
La coalición de izquierdas que gobierna el país está de acuerdo en que el plan aumentaría la presión sobre un acuífero que ya sufre las consecuencias de una prolongada sequía causada por el cambio climático y la agricultura legal.
“Es muy desafortunado, no debería ocurrir esta votación”, dijo Eloy Revilla, director de la Estación Biológica Doñana del Consejo Nacional de Investigaciones, en entrevista telefónica con The Associated Press.
Agregó que esto enviará un mensaje equivocado: los que usan pozos ilegales pueden salirse con la suya.
No es “la manera adecuada de resolver los problemas que tiene Doñana ni la agricultura de la comarca, no va en línea adecuada, sino lo que hace es complicar una situación que ya es lo suficiente compleja y que desde luego no ayuda resolver el problema”, dijo Revilla.
La situación es “crítica” para las lagunas y ciénagas que hacen de Doñana Patrimonio Mundial de la UNESCO y reserva de la biosfera, según Revilla.
“Los ecosistemas de Doñana que dependen de agua subacuática están en estado crítico”, dijo. “El año pasado que fue muy seco y este año que va a ser todavía más seco, la situación sería aún peor”.
Los agricultores que usan pozos legales en tierra de regadío también se oponen a la medida por temor a que dañe la reputación de las bayas que publicitan como cultivadas cerca de las condiciones prístinas de Doñana.
“Por primera vez, y después de tanta lucha, tenemos esperanzas de solucionar problemas que tenemos desde hace tantos años”, dijo Romualdo Macías, presidente de una agrupación que representa a unos 1.500 agricultores a favor del plan. "Doñana no puede ser un parque con un muro y que todo lo que esté alrededor de él sea un desierto”.
La reserva ocupa 74.000 hectáreas de un estuario en el que el río Guadalquivir desemboca en el océano Atlántico en la costa sur. Allí pasan el invierno medio millón de aves acuáticas y lo usan como escala un millón de aves que migran de África al norte de Europa. Es el hogar de cinco especies amenazadas de extinción, entre ellas el águila imperial ibérica.