MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Según la agencia calificadora, ni las elecciones que tendrán lugar a finales del mes de junio ni las condiciones globales desfavorables tendrán un impacto sobre la economía guatemalteca, que se mantendrá con un déficit fiscal bajo y una dinámica estable de deuda.
No obstante, el país necesita adoptar medida adicionales para promover el crecimiento a largo plazo y abordar las elevadas necesidades sociales o reducir el alto nivel de pobreza. En este sentido, la fragmentación política y la debilidad de las instituciones públicas son un obstáculo para desarrollar reformas estructurales.
En la misma línea se pronunció recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su visita al país para la elaboración del Artículo IV. El organismo señaló que Guatemala muestra signos de "fortaleza" en su evolución económica, pero animó a las autoridades a "intensificar" la aprobación de reformas que miren a medio plazo para alcanzar las metas de desarrollo.
Por otro lado, la sólida posición externa de Guatemala debería seguir siendo una fortaleza de calificación en los próximos años, con una cuenta corriente que ha registrado superávit en los últimos siete años. La moderada deuda pública o la "sólida" política monetaria también constituyen para S&P fortalezas crediticias.
En cuanto al sector bancario, el sistema financiero de Guatemala es "resistente" a los choques y muestra fuertes índices de capitalización, liquidez y rentabilidad.
CRECIMIENTO Y TENSIÓN POLÍTICA
Un desempeño económico peor de lo esperado o las tensiones políticas inesperadas antes, después y durante la celebración de las elecciones podrían ser motivos suficientes para la agencia calificadora para reducir la nota de solvencia de Guatemala.
"Dichos eventos podrían socavar la trayectoria de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a largo plazo de Guatemala", recoge el comunicado de S&P. Se espera que el país crezca un 3% en 2023.
Por el contrario, se podría subir la calificación si el desempeño político y económico incrementa la confianza de los inversores en el país, lo que traería como consecuencia un crecimiento mayor del esperado. Además, la fortaleza del Estado de derecho o la mejora del marco regulatorio y legal también animarían a la agencia a aumentar la nota.
