CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó el miércoles que México violó los derechos de dos hombres que estuvieron en prisión preventiva durante 17 años antes de ser condenados por homicidio.
La Corte IDH resolvió que la detención prolongada de Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz violó el derecho a la libertad personal, la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial.
Por ello la instancia ordenó al gobierno mexicano reparar a García y Alpízar Ortiz, quienes fueron arrestados en 2002 acusados del homicidio de una regidora en un proceso que estuvo plagado de irregularidades como la detención sin orden de un juez y las denuncias de torturas y amenazas.
Los dos hombres salieron de la cárcel en el 2019 con un brazalete electrónico, pero el mes pasado García volvió a ser detenido temporalmente.
Asimismo, la Corte IDH dijo en su fallo que la prisión preventiva oficiosa que se aplicó en este caso era contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que debería revisarse.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación indicaron que el gobierno mexicano analizará la resolución, que tiene un año para cumplir, y ratificaron el respeto a las obligaciones de la Convención Americana.
En un comunicado la Secretaría de Gobernación afirmó que la Corte IDH limitó el caso “al marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo, desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado”.
En México existen dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que es cuando el fiscal la solicita a un juez por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desató un debate en México al ampliar a 16 la lista los delitos que permiten la prisión preventiva de oficio mientras el sospechoso espera su juicio, entre ellos el abuso de autoridad, la corrupción y los delitos electorales.
López Obrador ha pedido públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no libere a más personas en espera de juicio.
El asunto de la prisión preventiva es especialmente delicado en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declarados culpables.
Esto significa que de los 92.000 sospechosos que se calcula están detenidos en espera de juicio —a menudo en las mismas celdas con peligrosos criminales— , unos 75.000 no serán condenados, aunque pasarán años en prisión.
