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Detenido el médico que reclama Uruguay por interrogatorios con torturas durante la dictadura en los años 70

La Policía Nacional ha detenido a Carlos Américo Suzacq, el médico reclamado por Uruguay por asesorar a los militares durante la dictadura en interrogatorios con torturas entre 1972 y 1975.

Archivo - Motocicleta y coche patrulla de la Policía Nacional POLICÍA NACIONAL - Archivo (POLICÍA NACIONAL/Europa Press)

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Según informan a Europa Press fuentes policiales, Américo Suzacq ha sido citado en una comisaría para cumplir con la extradición ordenada por la Audiencia Nacional.

En un auto, recogido por Europa Press el pasado 9 de marzo, la Sala de lo Penal desestimó su recurso contra la decisión de la Sección Tercera, del mes de enero, confirmando de esta forma su entrega.

Según el auto, los hechos por los que es reclamado serían constitutivos de los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación ilícita de libertad, catalogados como de lesa humanidad.

En su recurso de súplica, la defensa del médico consideraba vulnerado el principio de legalidad al concederse la extradición por unos hechos no punibles que, además, estarían prescritos. También, por no existir un relato mínimamente sólido de los hechos objeto de imputación, así como por no tener la reclamación una motivación material.

Los magistrados, sin embargo, argumentaron que el criterio utilizado para denegar la prescripción de los delitos es el más adecuado, por cuanto es el que responde a la aplicación del mejor derecho, en atención a las circunstancias concurrentes analizadas.

Además, el auto hace alusión a "la extraordinaria gravedad de hechos calificables de delitos producidos en el contexto de crímenes contra la humanidad, cuya persecución y castigo es del interés de toda la comunidad internacional".

Con todo, el auto cuenta con el voto particular de dos magistrados, José Pedro Vázquez y Teresa Palacios, en el que sostienen que los hechos serían constitutivos de detención ilegal y lesiones conforme a la legislación española, por lo que habrían prescrito a los cinco años de ocurrir los hechos, esto es, 1979 o 1980.

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