BOGOTÁ (AP) — En su primera intervención oficial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el último comandante de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reafirmó el rechazo a la vía de las armas que empuñaron por cinco décadas pese a las dificultades para consolidar el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado colombiano.
Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, habló el jueves en nombre de los más de 10.000 excombatientes que continúan el proceso de reinserción a la vida civil y aseguró que los grupos disidentes de las FARC que retomaron las armas representan “un porcentaje minúsculo de quienes firmamos el acuerdo”.
Sin embargo, sostuvo que su crecimiento es producto de gente nueva que han reclutado y de la incapacidad del Estado de tomar el control de los territorios que abandonó la guerrilla.
El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, busca con su política de “paz total” acercamientos con esos grupos disidentes de las FARC, así como con el Ejército de Liberación Nacional -considerada la última guerrilla activa en el país-, y con bandas y grupos narcotraficantes, en un intento por disminuir la violencia que persiste en Colombia.
“Creemos firmemente, y por eso nuestro respaldo a la política de paz total de Petro, que el camino del diálogo jamás debe ser abandonado, es el único que puede conducirnos a una sociedad civilizada”, dijo Londoño, quien participó de manera virtual desde Colombia en la presentación del informe periódico ante el Consejo de Seguridad que realiza la Misión de Verificación de la ONU en Nueva York.
Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia y encargado de presentar el informe, instó a todos los actores armados ilegales a “no desaprovechar la oportunidad que supone la audaz apuesta de la búsqueda de la paz por la vía del diálogo”.
Para Massieu la eficaz implementación del acuerdo con las ex FARC y la política de “paz total” de Petro son objetivos íntimamente ligados, dado que la violencia de los grupos armados restantes es un “obstáculo significativo” para el acuerdo de paz. En especial hizo un llamado al ELN y al gobierno para que alcancen un cese al fuego bilateral luego de los últimos hechos violentos que incluyen un ataque de la guerrilla con explosivos que causó la muerte de nueve militares.
La seguridad de los excombatientes de las FARC y de los defensores de derechos humanos sigue siendo una prioridad para la ONU, enfatizó Massieu. Desde 2016 han sido asesinados 362 excombatientes y al menos 562 defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos.
Sin embargo, el informe señaló que el último trimestre fue uno de los menos violentos contra excombatientes desde 2017, cuando dejaron las armas, y fueron reportados seis asesinatos. En comparación, entre junio y septiembre de 2022 se habían registrado 15 homicidios.
Londoño lamentó el asesinato de defensores de derechos humanos y de ex FARC, así como las amenazas constantes que han recibido, obligándolos a abandonar las tierras donde iniciaron su reinserción a la vida civil. La más reciente fue una amenaza colectiva a 200 familias de excombatientes por parte del Estado Mayor Central -un grupo armado disidente de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz- para que abandonaran su lugar de residencia en Meta, al este del país.
También hizo un balance de la implementación del acuerdo de paz y recalcó la falta de avance en la Reforma Rural Integral, que pretende redistribuir equitativamente la tierra, así como un rezago en la implementación del sistema de seguridad para ejercer la política con garantías.
