VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
La iniciativa ha partido de Castilla y León pero es una convocatoria estatal, según ha señalado Vicente, quien ha alertado de "la amenaza" que suponen los gobiernos de "la ultraderecha" para las mujeres. De hecho, la protesta ha parado unos minutos ante la sede de Vox en la calle Santiago para pitar. "Hay que poner coto y fin", ha remarcado.
Vicente ha censurado que, a pesar de que las leyes recogen el derecho de un aborto libre y gratuito, este no es efectivo porque, por ejemplo, si una mujer vive en El Bierzo o en Segovia no puede ejercer este derecho más que en Valladolid, lo que genera, ha dicho, una desigualdad entre ciudadanos.
En el Manifiesto los convocantes denuncian "las graves dificultades" de acceso a los recursos de la red pública para garantizar este acceso y exigen que se garantice en todos los hospitales y centros de salud de la red pública.
"Aunque el aborto es un derecho y es legal, hay una razón fundamental por la que no se practiva en los hospitales públicos y es la objeción de conciencia del personal de la sanidad pública que obliga a las muejeres a desplazarse a otras provincia o, incluso, comunidades y a centros concertados privados. Es el único procedimiento que, pudiendo hacerse en la sanidad pública, se deriva a la privada", añade el manifiesto.
Además, recuerda que, en el último informe anual sobre interrupción voluntaria del embarazo de 2021, en Castilla y León se notificaron 2.597 abortos, de los cuales 2.537 se realizaron en centros privados o privados concertados.
"En la extensa Castilla y León solo hay tres centros privados acreditados, uno de ellos concertado, para la realización de abortos y Burgos es la única provincia en la que se puede abortar en el sistema público. Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora no disponen de ningún centro por lo que las mujeres se tienen que desplazar a otras provincias", añade el comunicado.
Además, el manifiesto recoge que en la Comunidad más del 40 por ciento de las mujeres optan por costear su aborto de forma privada ante "las dificultades de acceso" para ejercerlo.
Estos colectivos exigen la aplicación de la nueva normativa sobre el aborto "de forma inmediata" y en todos los hospitales y centros de salud; y el acceso a métodos anticonceptivos de última generación y a la píldora del día después (que debería ser suministrada en los centros de salud) para evitar embarazos no deseados.
También, exigen una educación sexual y formación en igualdad para las mujeres y hombres así como políticas públicas que fomenten la plena incorporación de los hombres al cuidado de los hijos.
Por último, estos colectivos dicen "no" ante el gobierno "misógino y patriarcal" de Castilla y León, que "no solo es negacionista de la violencia, sino que la practica cuando impide que las mujeres puedan decidir sobre su proyecto de vida".
