La Fiscalía General de la República (FGR) tiene 40 días hábiles para crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), lo cual es fundamental para atender la crisis de personas desaparecidas y en materia forense, confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
La FGR impugnó una sentencia de amparo que ordenó la creación de este organismo, insistiendo que no se encontraba dentro de sus facultades la implementación del BNDF y que, en todo caso, su inexistencia no le generaba ninguna afectación a las familias de las personas desaparecidas.
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Tras analizar los argumentos de la Fiscalía, el Tribunal Colegiado los consideró infundados y concluyó que “el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas son herramientas que constituyen auténticas formas de garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia”.
Así, la omisión de las autoridades vulnera los derechos de Olimpia Montoya, quien interpuso un amparo -debido a que su hermano se encuentra desaparecido- acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
El 5 de octubre de 2022 el Juzgado auxiliar resolvió el amparo y ordenó a la Fiscalía hacer todo lo necesario para crear el Banco como lo mandata la Ley General en matera de desaparición, esto incluye obtener recursos económicos, la creación formal de las herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas.
“La decisión del Tribunal Colegiado confirma una vez más que el retraso en que ha incurrido la FGR para atender sus obligaciones en materia forense y la necesidad que han manifestado familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales de que el BNDF se encuentre en operaciones a la brevedad, como herramienta que permita atender la crisis de más de 110 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar que atraviesa el país”, señaló Prodh a través de un comunicado.
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La organización, Olimpia Montoya y las familias de víctimas de desaparecidos hicieron un llamado a la FGR para que dé cumplimiento pronto a la sentencia y a que priorice las acciones, el presupuesto y las medidas necesarias para enfrentar la crisis forense.
