LA PAZ, Bolivia (AP) — Organizaciones sociales bolivianas iniciaron el lunes una carrera contrarreloj para recolectar las 1,5 millones de firmas necesarias para convocar a un referendo sobre la reforma del Poder Judicial, cuestionado por organismos internacionales por su falta de independencia.
La campaña iniciada por un grupo de juristas comenzó el 26 de enero y finalizará el domingo. “Hemos recolectado más de 800.000 firmas hasta ahora y tenemos la esperanza de llegar a la meta para cambiar esta justicia que está digitada por el poder político”, dijo la abogada Audalia Zurita, una de las impulsoras de la iniciativa.
Abogados y activistas de derechos humanos buscan frenar la elección de un centenar de jueces y magistrados por el voto ciudadano prevista para octubre y cuyo proceso comenzó con las postulaciones de candidatos ante la Asamblea Legislativa, bajo el control del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La elección de magistrados por el voto popular fue incluida en la constitución en 2009 con el fin de mejorar la administración judicial, pero deja en manos de los legisladores la selección de los postulantes, cuya lista se aprueba por mayoría de votos. Pero si la Asamblea está dominada por un partido, sostienen los especialistas, se corre el riesgo de que la fuerza dominante sólo postule candidatos que le son afines.
Los activistas buscan apoyo para un referendo que permita cambiar la constitución y modificar la forma de elección. “Los políticos no deben seleccionar a los magistrados, eso no ha funcionado”, dijo Zurita.
Cientos de voluntarios ganaron las plazas más concurridas de las ciudades durante el fin de semana para llenar los libros de firmas que luego deberán ser convalidados por el Tribunal Supremo Electoral. “Estamos en una carrera de obstáculos por las dificultades que estamos sorteando”, dijo el abogado Juan del Granado, exalcalde de La Paz y principal impulsor de la llamada “cruzada por la justicia”.
La iniciativa ha sido rechazada por el ministro de Justicia, Iván Lima. “Descartamos totalmente la posibilidad de que haya una modificación constitucional, los tiempos ya no dan”, dijo. La elección de jueces y magistrados por voto ciudadano está en la carta magna y sólo un referendo podría modificar el mecanismo de elección.
En tanto, la bancada oficialista ha puesto en marcha un plan para seleccionar a los postulantes mientras la oposición se alineó con la iniciativa ciudadana. “Todos debemos contribuir para alcanzar el millón y medio de firmas y cambiar esta justicia que está podrida hasta los tuétanos”, tuiteó el lunes el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), líder de la centrista Comunicad Ciudadana (CC), el principal partido de oposición.
En su última visita a Bolivia en marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató “la ausencia de independencia judicial”, “las reiteradas extensiones de detenciones preventivas” y la “falta de acceso a la justicia” por parte de poblaciones pobres e indígenas. También Amnistía Internacional dijo en un reciente informe que el Poder Judicial boliviano “sigue careciendo de plena independencia”.
Más de un centenar de líderes políticos opositores están procesados o en prisión preventiva y han denunciado una supuesta injerencia del gobierno en sus procesos judiciales.
La oposición sostiene que tras la crisis social de 2019 -que derivó en un estallido social que dejó 37 muertos y precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales- hay más de 180 detenidos a los que considera presos políticos. Pero el gobierno alega que busca hacer justicia y sostiene que se trató de un golpe de Estado liderado por los opositores.
Entre los encarcelados está la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien tras la renuncia de Morales asumió el cargo y llamó a comicios un año después. Áñez está presa desde hace dos años y fue sentenciada a diez por ocupación ilegal del cargo.
