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Planas considera "claramente ilegal" la propuesta para regular regadíos en Doñana

Dice que Doñana es el 'Prado' de la Biodiversidad y pide a la Junta dar un "paso atrás" para evitar el daño reputacional a España

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una rueda de prensa posterior a una reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha a Gustavo Valiente - Europa Press (Gustavo Valiente - Europa Press/Europa Press)

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "claramente ilegal" la proposición de ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía para regularizar cerca de 800 hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana porque va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se arroga una competencia que no es autonómica y porque es "irreal" dado que "no se dispone de agua" y "no se tiene título para atribuir agua.

Así lo ha manifestado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha pedido a "los autores de la iniciativa" que den "un paso atrás" y eviten el daño reputacional que España puede sufrir por el plan de regularizar regadíos al sector.

"Doñana es a la biodiversidad lo que el Prado es a la pintura, algo que tenemos que defender porque es nuestro patrimonio", ha comparado Planas, que asegura que el Gobierno hará "todo lo que sea necesario" para que la iniciativa que se tramita en el Parlamento de Andalucía y que es "absolutamente incomprensible y racional no se lleve a su fin".

El ministro ha recordado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaba a España en el año 2021 por incumplir la Directiva marco del agua y la Directiva de hábitat. Además, considera "ilegal" e "irreal" esta propuesta porque trata de distribuir un agua que "en el contexto actual no existe en aquella zona", algo que para planas es "claramente irresponsable" porque crea expectativas que no van a ser satisfechas.

Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que retire la propuesta y ha refrendado el anuncio de vicepresidenta tercera del Gobierno de interponer recursos de inconstitucionalidad cuando si se completa el trámite jurídico.

En calidad de ministro de Agricultura ha asegurado que está "siempre" al lado del sector agrícola y ganadero que es importante para abastecer al mercado nacional y ser un "referente en la exportación". Por ello, ha expresado que le preocupa "muy seriamente" el daño reputacional que supone esta iniciativa respecto a la exportación de frutos rojos y en general de las frutas y hortalizas de España a los mercados exteriores.

En concreto, ha dicho que España exporta frutos rojos por un importe de más de 1.500 millones de euros de media, de los que una tercera parte corresponden al mercado alemán que puede resultar "afectado por una iniciativa irresponsable por parte de los autores de esta proposición de ley".

Por ello, ha hecho hincapié en el "daño reputacional" a España, que produce el 40 por ciento de las frutas y hortalizas que se consumen en la Unión Europea.

El ministro ha sentenciado así que el plan del Parlamento de Andalucía es "claramente irresponsable" por falta de competencias e irreal porque los recursos hídricos "no son ilimitados" y por el perjuicio en reputación al sector de los frutos rojos que el Gobierno ve con preocupación.

"Mi mayor preocupación como ministro de Agricultura son evidentemente la inmensa mayoría de productores, de agricultores que hacen un trabajo honesto a los que conozco, con los que he trabajado y que pienso continuar haciéndolo y que evidentemente esta medida que es absolutamente falta de sentido", ha concluido.

REGADÍO SOSTENIBLE, "CLAVE PARA EL FUTURO"

El ministro ha expuesto al resto del Ejecutivo este martes un informe sobre la Política de Regadío Sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que prevé hasta 2.130 millones de euros de inversión público-privada hasta 2027 para optimizar el regadío y reducir el consumo de agua.

El ministro ha informado de la evolución de este plan que contempla actuar sobre más de 750.000 hectáreas y cuyo objetivo es lograr un ahorro medio del 10 por ciento respecto a la situación de partida.

Planas ha situado este informe en el marco previo a la reunión de la Mesa de la Sequía que se celebrará este miércoles y en la que participarán las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y de regantes para analizar la situación actual y las "posibles medidas" a adoptar.

"Estamos en un momento particularmente difícil desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista de la pluviometría", ha reconocido el ministro, que ha indicado que el descenso de las lluvias desde el pasado 1 de octubre es del 18,8 por ciento respecto a la serie de años anteriores y, en el conjunto de España la disminución alcanza el 12 por ciento desde principio de siglo.

Respecto al regadío, que cubre 3,8 millones de hectáreas de cultivo, el 23 por ciento del total, pero que produce hasta el 65 por ciento del conjunto de la producción vegetal en España, Planas ha calificado de "clave para el futuro" por eso ha anunciado que el Gobierno está trabajando en "respuestas a corto plazo" en función de la reunión de la Mesa de la Sequía de este miércoles donde se reflexionará sobre las posibles medidas a adoptar y sobre medidas de futuro en relación con la sostenibilidad del sistema de regadío.

"El debate no es si regadío sí o regadío no, es regadío sostenible, que debe serlo de cara sin duda al presente y al futuro si queremos continuar con el nivel de producción que nos permita la autonomía alimentaria", ha comentado, por lo que ha insistido en que la modernización del regadío es clave para hacerlo más eficaz, al tiempo que ha incidido en la importancia de otras fuentes, como aguas recicladas o desaladas.

El plan de regadíos sostenible presentado asegura que contempla la inversión "más alta de la historia" de los que 1.255 millones son a cargo del plan de recuperación y otros 875 millones de los presupuestos generales del Estado con el objetivo de reducir un 10 por ciento el consumo de agua.

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