CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala pidió la detención de tres abogados defensores del periodista José Rubén Zamora Marroquín encarcelado desde hace nueve meses bajo acusación de lavado de dinero. Según la tesis del fiscal, los letrados habrían ayudado a obstaculizar la acción penal contra el periodista.
Zamora Marroquín, presidente de El Periódico, uno de los diarios más críticos del gobierno de Alejandro Giammattei y dedicado a publicaciones sobre corrupción, está en prisión preventiva desde julio del año pasado, luego de que la misma Fiscalía le acusara de chantaje y lavado de dinero.
Supuestamente habría pedido a un amigo, Ronald Navarijo (que es ahora testigo de la Fiscalía y que está también acusado de actos corrupción), que depositara 240.000 quetzales en efectivo, unos 25.000 dólares, en un banco como producto de una donación.
Zamora asegura que el dinero serviría para pagar deudas del medio y que la persona que se lo donó no quería que le vincularan con él por las presiones que reciben de parte del gobierno.
La Fiscalía dijo que un juez autorizó la aprehensión de los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa, un fuerte opositor al gobierno guatemalteco, Justino Brito y Juan Carlos Marroquín Godoy -primo del periodista-, porque supuestamente habrían realizado un contrato de promesa de compraventa de una obra de arte con el fin de justificar el dinero donado a Zamora.
Foppa, quien viajaba en un autobús para presentarse ante el juez que giró su aprehensión, dijo que fue detenido por policías a unas cuadras del juzgado.
“Venimos tranquilos a dar la cara, estamos convencidos que este caso se va a resolver como los demás y voy a estar preso el tiempo que sea necesario”, dijo el abogado a su llegada esposado a los tribunales.
En 2021, la Fiscalía también detuvo a Foppa, con despliegue de varios vehículos sin placas y agentes sin identificarse, por supuestamente haber falsificado firmas para conformar un partido político. Sin embargo, fue liberado de la aprehensión. Foppa intentó inscribirse como candidato a alcalde por una agrupación de izquierda, pero fue rechazado por el Tribunal Supremo Electoral por existir el proceso penal en su contra.
Durante el gobierno de Giammattei, por lo menos 35 operadores de justicia entre exjueces, exfiscales, abogados defensores, activistas y periodistas se han exiliado denunciado criminalización por su trabajo anticorrupción y por investigar casos de crímenes de lesa humanidad. Organizaciones internacionales de DDHH y países de la comunidad internacional, como Estados Unidos, han mostrado preocupación por el deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país.
