CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La organización Amnistía Internacional denunció y condenó el viernes las violaciones a los derechos y garantías procesales de la exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, detenida desde hace más de un año y procesada luego de que denunciara a un exjuez por anomalías.
Laparra, que ha recibido el apoyo de varios organismos internacionales, fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional (AI) por la persecución que ha recibido por parte de la fiscalía. La exfiscal es reconocida por su labor anticorrupción y ha dicho que las acusaciones en su contra son una venganza por su trabajo.
En un comunicado AI dijo que las autoridades judiciales no han respetado el derecho a un juicio justo, garantías judiciales, ni el debido proceso de Laparra.
“Es alarmante que las autoridades guatemaltecas estén privando a Virginia Laparra de sus derechos más básicos a contar con igualdad de oportunidad para defenderse. Las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que se siguen dando en los dos procesos que enfrenta siguen confirmando la intención de castigarla por su trabajo como fiscal anticorrupción", dice el comunicado.
Según la primera acusación de la fiscalía, la exfiscal no tenía autoridad para denunciar al juez Lesther Castellanos por filtrar información reservada a su amigo abogado Omar Barrios. Tras la denuncia Castellanos fue sancionado por la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial por lo que posteriormente denunció a Laparra.
Pero con el apoyo de la fiscalía logró que condenaran a Laparra a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad por haberlo denunciado.
Según AI, Castellanos busca que se juzgue a la exfiscal por los mismos hechos pero en otro departamento del país, lo que podría implicar una condena de hasta cinco años de prisión. La fiscalía también intentó procesar a los abogados defensores de Laparra.
En el segundo juicio que sigue la jueza Carmen Acú, a quién la defensa de Laparra señala de ser amiga de Castellanos, la magistrada declaró la reserva del caso para que, a excepción de las partes, la prensa no pueda conocer la acusación contra Laparra. Acú también aceptó dejar detenida a Laparra.
Tras denunciar a Laparra, Castellanos fue electo por diputados oficialistas y aliados como Relator contra la Tortura, que revisa las condiciones de vida de las personas detenidas en las cárceles del país.
