Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que de concretarse la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna) y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se vulneraría la autonomía e independencia del sistema que tiene el objetivo de prevenir, investigar y sancionar la corrupción en México.
La organización Ethos Innovación en Políticas Públicas compartió en las redes sociales un posicionamiento firmado por 52 organizaciones en el que hace un llamado a los diputados a iniciar diálogo y conocer las implicaciones de la iniciativa del Ejecutivo en el tema anticorrupción.
“Somos conscientes de que la lucha anticorrupción en México es una tarea compartida entre el gobierno y la sociedad civil. Por ello, contar con una instancia técnica, neutral, transparente y eficiente como la Sesna resulta fundamental para articular las acciones y ganar esta batalla… Así evitaremos tomar una decisión apresurada respecto a la eliminación de esta institución fundamental para un combate a la corrupción coordinada, articulado y con visión de sociedad civil”, indican en el comunicado.
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De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, tiene como objetivo “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.
Entre las instituciones que desaparecerían se encuentra la Sesna y sus atribuciones las asuma la SFP. El principal argumentó para justificar este cambio es que las funciones de ambas secretarías se duplica y que la SFP puede asumir las funciones de la Sesna sin que se vea afectado el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En este tenor, el secretario técnico de la Sesna; Roberto Moreno, emitió un comunicado en el que refiere que la iniciativa propuesta del Ejecutivo puede afectar el pacto federal, ya que al modificar la Ley General del SNA, denotaría un efecto “cascada” de reformas a las leyes que en el ámbito federal y estatal materializan el artículo 113 de la Constitución.
Lo anterior significaría también la clausura de una visión nacional de combate a la corrupción y la concentración de la responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
— Roberto Moreno
Moreno señaló que la dependencia no duplica funciones con ningún ente público del país, por el contrario, al centro de su mandato yace las articulaciones de distintas voces y fortalezas institucionales en anticorrupción”
Por su parte, Emiliano Montes de Oca de Ethos, en un artículo “Los riesgos de desaparecer la SESNA” -publicado en Este País, menciona que en los últimos cinco años la Sesna ha recibido un presupuesto que oscila entre los 123 y 129 millones de pesos, que además no ha gastado en su totalidad, lo cual no representa un gasto demasiado alto para la Administración Pública Federal.
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Mientras que la SFP se les destina mil 210 millones acciones catalogadas como gastos anticorrupción, pero que se traducen en acciones que hasta la fecha no han sido poco visibles.
Montes de Oca resalta que es alarmante que se pretenda reformar una ley general con alcance para todos los sistemas estatales del país. “Es decir, de aprobarse la iniciativa, además del Sesna, también se irían eliminando una a una todas las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción. Los problemas de autonomía, conflicto de interés y funcionalidad, se trasladarían a cada uno de los estados con sus respectivas implicaciones”, advirtió.
