MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
"Se presenta como una ley pensada para los ciudadanos y defensora de los consumidores, pero nos encontramos con un texto ineficaz que se olvida del propietario", han señalado desde Coapi, denunciando que se revierta al arrendador el pago de los honorarios de las inmobiliarias.
Por otra parte, estas organizaciones consideran que la nueva definición de gran tenedor es "equivocada" y que desvirtúa la finalidad reguladora de este concepto, y han apuntado que más de 72.000 particulares pasarán a ser grandes propietarios según la nueva ley.
"La responsabilidad social de las personas con un patrimonio inmobiliario superior al de la media debe estar basada en su mayor aporte fiscal, no en el injusto cumplimiento de obligaciones que vulneran sus derechos ni en asumir una función que corresponde al sector público y no al privado", han añadido.
El colectivo API también ha criticado el límite al incremento del precio del alquiler, explicando que "generará el efecto contrario al deseado" porque reducirá la oferta inmobiliaria y hará que suban los precios.
Para solucionar el problema del mercado residencial, desde los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria apuestan por la promoción de nuevas viviendas y el impulso de políticas de alquiler social utilizando recursos propios de la Administración.
Además, los Coapi han pedido que no se utilice la normativa sobre vivienda como "baza electoral", argumentando que este mercado requiere mayor estabilidad y que el "tsunami legislativo" de los últimos años no lo está permitiendo.
