Más de 800 organizaciones de la sociedad civil rechazaron la iniciativa del proyecto de decreto, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone que el Sistema de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) sea trasladado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el argumento de que se duplican funciones y que de esta manera se realizaría un ahorro presupuestal.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) advirtió que la propuesta busca destruir la capacidad del Sipinna como organismo coordinador de estrategias y políticas públicas a favor de las infancias para reducir sus capacidades y fusionarlo con el DIF.
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“Desmantelar al SIPINNA no presenta ningún ahorro en el presupuesto de la nación, pues el monto asignado para su funcionamiento como coordinador de la política nacional de los derechos de la niñez y adolescencia, se calcula en 73 millones de pesos al año, mientras el DIF, quien tiene como función prestar servicios para la atención y cuidado de niñas y niños en situación de vulnerabilidad es de 1,466 millones de pesos año, lo que equivale a 20 veces más que lo establecido para SIPINNA”, indicó Tania Ramírez, director general del Redim a través de un comunicado.
De acuerdo con la organización, esta decisión impactará de manera directa a todos los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues atenta contra el principio de interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4º de la Constitución, que debe ser eje rector del Estado mexicano; contradice el principio de progresividad de más derechos también establecidos en la carta magna.
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Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que es sumamente preocupante la iniciativa presentada por el Ejecutivo para fusionar o eliminar 18 órganos administrativos, entre los que se encuentra el Sipinna, cuya consecuencia podría dejar en la indefensión a 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes.
La Coparmex menciona que esta iniciativa va en sentido contrario al principio constitucional de Interés Superior del Menor, así como los principios rectores de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como el de la universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad.
La organización patronal hizo un llamado al Gobierno Federal para sumar esfuerzo, a fin de construir una agenda de protección a las niñas, los niños y adolescentes mexicanos, donde no se deje a nadie atrás.
