TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — Disney demandó el miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la toma estatal de los terrenos donde se encuentran sus parques de atracciones, alegando que el republicano emprendió “una campaña selectiva de represalias gubernamentales” luego de que la compañía se opuso a una ley conocida como "no digas gay”.
La demanda se interpuso en Tallahassee minutos después de que una junta de supervisión designada por DeSantis votó a favor de anular un acuerdo que colocaba en manos de la compañía las decisiones de diseño y construcción de sus enormes terrenos cerca de Orlando.
“Disney lamenta que se haya tenido que llegar a esto”, señala la querella. “Pero habiendo agotado todos los esfuerzos para resolver el conflicto, la compañía no tiene más opción que interponer esta demanda para proteger a sus miembros, invitados y socios locales de desarrollo de una campaña implacable para usar el poder gubernamental como arma en contra de Disney en represalia por expresar un punto de vista político impopular con ciertos funcionarios del estado”.
La demanda es el capítulo más reciente en una disputa de más de un año entre Disney y DeSantis que ha sumido al gobernador en críticas en momentos en que alista su previsible postulación a la presidencia en los próximos meses.
DeSantis, quien se ha presentado como un republicano capaz de aplicar hábilmente su agenda conservadora sin dramas, se ha metido de lleno en la disputa con la querida empresa y principal motor del turismo, mientras los líderes empresariales y los rivales de la Casa Blanca critican su postura, a la que consideran un rechazo extraordinario a uno de los principios del conservadurismo de una limitada intervención del Estado.
“No tenemos conocimiento de ningún derecho legal que una empresa tenga para operar su propio gobierno o mantener privilegios especiales que no tengan otras empresas en el estado”, dijo la portavoz de DeSantis, Taryn Fenske. “Esta demanda es otro desafortunado ejemplo de su esperanza de socavar la voluntad de los votantes de Florida y operar fuera de los límites de la ley”.
El enfrentamiento empezó el año pasado, luego de que Disney se opuso públicamente a la ley estatal que prohíbe a las escuelas enseñar sobre temas de orientación sexual e identidad de género en los primeros años escolares, una ley conocida como “no digas gay”.
Como castigo, el gobierno de DeSantis se apropió de los terrenos del distrito autónomo de Disney World y designó una junta de supervisores que se encargaría de vigilar los servicios municipales en los enormes parques de atracciones. Pero antes de que la junta se instalara, la compañía logró un acuerdo de última hora que le quitó a la nueva junta de supervisores gran parte de su autoridad. La junta de DeSantis dijo el miércoles que la acción de Disney para retener el control de su propiedad era ilegal y se había llevado a cabo sin previo aviso público.
“Disney empezó la pelea con esta junta. No buscamos pelear”, dijo Martin Garcia, presidente del Distrito de Supervisión Turística de Florida Central, y añadió: “En conclusión, lo que nuestros abogados nos han dicho es que, objetiva y legalmente, lo que han creado es un desastre jurídico. No va a funcionar”. DeSantis también ha prometido más represalias, que incluyen propuestas para mejorar la supervisión estatal de las atracciones y del monorriel del complejo, así como la sugerencia de construir una prisión en las inmediaciones. Además, el Senado del estado aprobó el miércoles una iniciativa que implementaría dichas represalias y revertiría los acuerdos concretados por la junta de Reedy Creek antes de que el estado interviniera. Aún se requiere de la aprobación de la cámara baja antes de que pueda proceder.
Disney ha dicho que todos los acuerdos alcanzados con la junta anterior fueron legales y aprobados en un foro público. El director general de Disney, Bob Iger, también ha dicho que cualquier acción contra la compañía que amenace los puestos de trabajo o la expansión de su complejo de Florida no sólo era “antinegocios” sino “anti-Florida”.
La demanda de Disney solicita que un juez federal anule la toma del gobernador del distrito de parques de atracciones, así como las acciones de la junta de supervisión formada por DeSantis, bajo el argumento de que fueron violaciones a los derechos de libre expresión de la compañía.
“Una campaña dirigida de represalias gubernamentales —en la que cada paso ha sido orquestado por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney— ahora amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en riesgo su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales”, afirma la demanda.
