SAN DIEGO (AP) — Las oficinas de inmigración estadounidenses están tan abrumadas que algunos solicitantes de asilo que cruzaron por México probablemente tendrán que esperar una década antes de poder siquiera recibir una cita para comparecer ante un juez.
Los retrasos se deben a un cambio aplicado dos meses después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron la práctica ya abandonada de liberar a inmigrantes rápidamente, con libertad vigilada. A los inmigrantes se les instruyó reportarse ante una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser procesados para la cita judicial, labor que antes realizaba la Patrulla Fronteriza.
El cambio evitó el hacinamiento en centros de acoplo como ocurrió en 2019, cuando algunos migrantes tenían que pararse sobre el inodoro para poder respirar. Pero el costo se hizo evidente cuando los oficiales del ICE designados para entregar las citas judiciales no se daban abasto.
Algunas de las oficinas ahora le dicen a los migrantes que regresen dentro de varios años, y la labor ha reducido la capacidad del ICE de cumplir con su misión tradicional de aplicar las leyes migratorias en el interior de Estados Unidos.
“Estamos al límite de nuestros recursos”, dijo Jamison Matuszewski, director de aplicación de normas y deportaciones en San Diego.
En cuanto a los migrantes, los plazos para recibir una cita judicial varían. En Nueva York, el ICE instruyó a los solicitantes de asilo que regresen en marzo de 2033, expuso en una audiencia reciente Henry Cuellar, legislador demócrata por Texas. En otras nueve ciudades _San Antonio; Miramar, Florida; Los Ángeles; Jacksonville, Florida; Milwaukee; Chicago; Washington; Denver y Mount Laurel, Nueva Jersey— la espera es hasta marzo de 2027.
Hasta entonces, los migrantes en cuestión no recibirán siquiera una cita para comparecer a tribunales, aunque pueden vivir y trabajar en Estados Unidos. Después de eso, sus casos serán procesados por los tribunales de inmigración, un proceso que dura unos cuatro años y que en enero padecía una carga de 2,1 millones de casos atrasados, comparado con 600.000 en 2017.
“El sistema de asilo necesita urgentemente una reforma de arriba abajo”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a reporteros la semana pasada cuando se le preguntó sobre los períodos de espera para obtener una cita judicial.
Tae Johnson, director interino del ICE, dijo a legisladores que la agencia desea usar entrevistas online para reducir las esperas de 10 años, y que desea autoridad del Congreso para emitir citas electrónicas. Añadió que un mayor financiamiento también haría mucho para “eliminar rápidamente” la acumulación de casos.
Gran cantidad de personas están acudiendo actualmente a oficinas del ICE para pedir información. Un reporte reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) mencionó una oficina —cuya ciudad no mencionó— donde algunos días llegan entre 300 y 500 inmigrantes, en su mayoría sin previa cita.
