SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Un pequeño pueblo próximo a Albuquerque, Nuevo México, adoptó el miércoles una ordenanza que busca bloquear la distribución por correo de fármacos o suministros para abortos, extendiendo una ola de restricciones similares de otros gobiernos locales.
La ordenanza fue aprobada por 4-1 por la comisión municipal de Edgewood, una comunidad de alrededor de 6.000 residentes que está separada del área metropolitana de Albuquerque por un puerto de montaña. Su objetivo es hacer cumplir las disposiciones de una ley federal del siglo XIX que prohibía el envío postal de materiales para la interrupción del embarazo.
Los concejales de Edgewater reconocieron que la ordenanza será difícil de aplicar ya que dependerá de que los ciudadanos presenten demandas civiles contra los infractores, con un límite de hasta 100.000 dólares por daños y perjuicios. Los cambios legales podrían ser costosos luego de que un consorcio municipal de seguros de responsabilidad civil se negó a dar cobertura a Edgewood.
El concejal Sterling Donner se mostró decidido durante una reunión nocturna que se prolongó más allá de la medianoche.
“Queremos unirnos a nuestros aliados en el estado que están haciendo las mismas cosas", indicó. “Es la hora de levantarse, es la hora de luchar (...) por los derechos de estos niños que no han nacido".
La comisión acordó aceptar la representación legal gratuita de Jonathan Mitchell, un abogado de Texas arquitecto de la legislación antiaborto de ese estado y de las restricciones municipales en otros.
Según la residente Erika Anderson, la ordenanza amenaza con enfrentar a los vecinos en los tribunales y desgarrar la comunidad.
“Es realmente desconcertante ver que una ordenanza tan divisiva intenta separar a nuestra comunidad y a nuestros vecinos", afirmó. “Me gustaría mucho mucho que realmente considerasen (...) el riesgo en el que están poniendo a nuestra comunidad al intentar liderar o posicionarse en este tipo de cosas”.
En dos condados y tres municipalidades del este de Nuevo México se han adoptado ordenanzas similares, pero la mayoría han sido bloqueadas por al Corte Suprema estatal mientras estudia el recurso presentado por el fiscal general del estado.
El demócrata Raúl Torrez sostiene que estas normas violan los derechos constitucionales a la protección igualitaria y al debido proceso, y amenazan el estatus de la región como un refugio seguro para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.
Las leyes de Nuevo México sobre el aborto están entre las más progresistas del país. En 2021, su Asamblea Legislativa, de mayoría demócrata, derogó un estatuto inactivo de 1969 que ilegalizaba la mayoría de los procedimientos abortivos y los consideraba delitos graves, garantizando el acceso incluso después de que la Corte Suprema revocó esas garantías el año pasado.
La semana pasada, el alto tribunal federal preservó el acceso de las mujeres a un fármaco utilizado en el método más común para abortar, rechazando las restricciones impuestas por una corte menor mientras se tramita una demanda.
