WASHINGTON (AP) — Ante el inminente fin de las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves medidas para evitar que los migrantes crucen ilegalmente la frontera sur, implementando sanciones para muchos que sí lo hagan, y creando nuevas vías con el objetivo de ofrecer alternativas al peligroso viaje.
Las medidas incluyen la apertura de centros de procesamiento fuera de Estados Unidos para que las personas que huyen de la violencia y la pobreza presenten sus solicitudes para llegar vía aérea y establecerse legalmente en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de este tipo se abrirán en Guatemala y Colombia, y se tiene previsto que posteriormente se establezcan más en otros países.
El gobierno también planea examinar de manera más rápida a los migrantes que solicitan asilo en la frontera, repatriar en el menor tiempo posible a quienes considere inelegibles, y penalizar a quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos o en cualquier otro país en su trayecto hacia Estados Unidos.
Pero se desconoce si las medidas ayudarán a frenar la oleada de migrantes que huyen de países sumidos en problemas políticos y económicos. El inminente fin de las medidas de salud pública implementadas durante la pandemia que permitían la expulsión expedita de muchos migrantes, el próximo 11 de mayo, también incrementa la presión.
“Este es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas", declaró el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en una conferencia de prensa en la que detalló la manera en que Estados Unidos trabajará en conjunto con otros países de la región.
Mayorkas también advirtió que ni los migrantes ni los traficantes de personas deben interpretar que el vencimiento de las restricciones significa que todos deben venir. "Que quede bien claro: Nuestra frontera no está abierta ni lo estará después del 11 de mayo".
El tema de la migración ha afligido a Biden a lo largo de su presidencia. Líderes del Partido Republicano lo han criticado por mostrarse blando respecto a la seguridad fronteriza, pero grupos en defensa de los migrantes afirman que el gobierno ha abandonado su labor humanitaria al establecer medidas más estrictas con el fin de evitar que los migrantes vengan al país de manera ilegal.
El tema no desaparecerá. Mientras busca la reelección en 2024, Biden trata de lograr un equilibrio que luce complicado, particularmente si los migrantes saturan las instalaciones fronterizas después del 11 de mayo.
El gobierno federal también ha señalado repetidamente al Congreso, afirmando que no ha podido llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral.
Las medidas anunciadas el jueves forman parte de la estrategia del garrote y la zanahoria que el gobierno estadounidense ha estado utilizando con cada vez mayor frecuencia en el tema migratorio, con la cual ofrece incentivos como permisos condicionales humanitarios para cientos de miles de personas y al mismo tiempo anuncia fuertes consecuencias para muchos de los que se presentan en la frontera.
Hasta el momento, dichas medidas han incluido:
— Centros de procesamiento: El gobierno abrirá centros migratorios en varios países, empezando por Guatemala y Colombia, que serán dirigidos por la Organización Internacional para las Migraciones y por la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. En estos lugares, los posibles migrantes pueden obtener información sobre las distintas maneras en que pueden emigrar hacia Estados Unidos, como las solicitudes de estatus de refugiado o programas de trabajo. El gobierno señaló que tanto Canadá como España han dicho que aceptarían a migrantes referidos por estos centros, aunque no se dieron a conocer cifras específicas. Estados Unidos también indicó que duplicaría la cifra de refugiados procedentes de Centro y Sudamérica. Tampoco se detallaron números en ese caso, pero para el ejercicio fiscal 2023, Estados Unidos se comprometió a aceptar a 15.000 refugiados de Latinoamérica y el Caribe.
— Sanciones más duras y expeditas: El gobierno estadounidense afirma que procesará más rápido a los solicitantes de asilo que se presenten en la frontera sur — en cuestión de días, no de semanas — con el objetivo de enviar de regreso más rápido a las personas que no superen los primeros filtros. Los repatriados tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos por cinco años. El gobierno señala que pretende aumentar drásticamente el número de vuelos en los que se deporta a los migrantes. Las autoridades federales también señalaron que una regla anunciada previamente que limitaría el asilo para aquellos que pasaron primero por otro país sin solicitar asilo ahí, o que entraron de manera ilegal en Estados Unidos, también entrará en vigor antes de que se venza el plazo del 11 de mayo.
— No detención de familias: El gobierno no anunció la detención de las familias que crucen la frontera sin autorización. Esa medida habría desatado críticas de los activistas migratorios y aliados de Biden. Pero las autoridades indicaron que vigilarán a las familias con toques de queda y monitoreo por GPS, y subrayaron que se les deportaría si se determina que no cumplen los requisitos para permanecer en el país.
— Reunificación de familias: El Departamento de Seguridad Nacional está creando un proceso de permisos de entrada para la reunificación de familias para personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Y la agencia está “modernizando” su proceso existente de reunificación de familias para personas de Cuba y Haití.
— Combate a traficantes: Mayorkas destacó las labores para combatir de forma más estricta a las redes de traficantes que facilitan el traslado por toda la región hacia Estados Unidos.
Andrew Selee, quien encabeza el Instituto de Política Migratoria, dijo que los planes que se dieron a conocer son “los más claros que hemos visto de una estrategia” por parte del gobierno para lidiar con la migración. Pero advirtió que de cualquier forma se requeriría de mucho tiempo y compromiso para que el plan tenga éxito.
“Creo que es lo más cercano que hemos visto a un plan integral”, indicó Selee. Señaló que el gobierno apostó fuerte por los centros de procesamiento, y dijo que potencialmente pueden servir para brindar información sobre las opciones migratorias de una manera en que una embajada, por ejemplo, no puede hacerlo.
Pero Selee añadió que los centros de procesamiento tendrán que estar estrechamente ligados a las redes locales en varios países para que los posibles migrantes tengan conocimiento de ellos, y para que la organización local que sepa de las personas que están más desesperadas por migrar puedan referirlas hacia los centros.
El anuncio del jueves recibió criticas de muchos, incluidos miembros del propio partido del mandatario a quienes les inquietan los crecientes intentos de Biden por dificultar el acceso al asilo en la frontera.
El senador Bob Menendez se dijo “decepcionado” con el plan, en particular después de pasar las últimas semanas exhortando a la Casa Blanca a implementar una estrategia inmigratoria diferente que incluyera una extensión al Estatus de Protección Temporal para personas de varias naciones de Centroamérica. También expresó sus dudas sobre cómo se implementarían algunos aspectos del plan.
“La pregunta es: ¿cómo vamos a instalar estos centros de procesamiento? ¿Cuáles son las entidades que estarán ahí para asegurarse de que se procese a una persona de forma adecuada? ¿Que vamos a hacer para que los terceros países acepten a estos individuos y garantizar que estén a salvo?”, comentó el senador.
Muchos grupos que trabajan brindando asistencia a refugiados y otros migrantes expresaron satisfacción con algunos aspectos del plan, como el permitir a más refugiados de Centro y Sudamérica, y la reunificación de familias. Pero indicaron que eso no debería ser a expensas de las personas que solicitan asilo en la frontera.
El Programa de Asistencia Internacional para Refugiados dijo en un comunicado que le preocupa la falta de detalles del plan, cómo se implementará y de dónde saldrá el dinero. El grupo también indicó que el programa para el reasentamiento de refugiados de Estados Unidos aún no se recupera de los recortes que sufrió durante el gobierno del presidente Donald Trump.
“Tenemos más preguntas que respuestas”, declaró Lacy Broemel, analista de políticas del programa.
Otros, como grupos de tendencia derechista que ya han criticado intensamente a Biden, arremetieron contra el plan, asegurando que el procesamiento más rápido de migrantes simplemente significa que ingresarán más rápido al país. La Federación para la Reforma de Inmigración Estadounidense señaló que las iniciativas representan “un enorme plan ilegal con el fin de recibir a números ilimitados de migrantes”.
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Spagat informó desde San Diego. Stephen Groves, en Washington, y Valeria Gonzales, en McAllen, Texas, contribuyeron a este despacho.
