CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Trece años después del asesinato de 72 migrantes por parte presuntamente de grupos criminales en la localidad de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas, una mujer guatemalteca busca que la justicia le ayude a determinar si los cinco familiares que perdió en esa masacre y que enterró en Guatemala son sus seres queridos.
Ángela Lacán Bercian, quién perdió a su esposo Efraín Pineda Morales, a sus hijos Richard y Nancy Maricela Lacán, a sus sobrinos Mayra Cifuentes Pineda y Luis Humberto Alvarez Pineda, pidió la víspera a la Corte de Constitucionalidad que revierta la negativa de una juez y de una Corte de Apelaciones a ordenar a la fiscalía exhumar los cuerpos de sus familiares, confirmó su abogado Oswaldo Samayoa a The Associated Press.
Samayoa explicó que la mujer siempre tuvo dudas sobre quiénes enterró al explicar que ese año, cuando se repatriaron los cadáveres, se ordenó a las familias no abrir los féretros que fueron enviados sellados. “Ella los enterró sin verlos”, aseguró.
Las dudas de Lacán se hicieron más grandes cuando en marzo de este año el abogado recibió de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República de México, un oficio donde se les informaba que a peritos forenses “no les era posible confirmar la plena identificación y entrega correcta de los cuerpos de las víctimas”, debido a la “deficiente documentación de los procesos de identificación y entrega (de los cadáveres)”.
Los cinco familiares de Lacán Bercian salieron en agosto de 2010 con rumbo a Estados Unidos en busca de una mejor vida y ayudar económicamente a la familia que quedaba en Guatemala, pero fueron secuestrados y posteriormente asesinados. Los féretros enviados están enterrados en su comunidad natal, en el departamento de Escuintla, al sur del país centroamericano.
La masacre de San Fernando, que cobró la vida de 58 hombres y 14 mujeres que procedían de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, a manos de cárteles mexicanos, ocurrió entre el 22 y 23 de agosto de 2010. El crimen puso el dedo en la llaga sobre de los riesgos de migrar especialmente por México.
Según informes de organismo internacionales, los asesinatos habrían ocurrido con la complicidad de oficiales del estado mexicano que entregaron a los migrantes a cárteles quienes los habrían asesinado al negarse a trabajar para ellos.
Samayoa, el abogado, explicó que tras conocer las dudas de la entrega de cuerpos, Lacán Bercian pidió a una juez exhumar los cuerpos, pero que ésta se negó. Agregó que entonces acudió a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para revertir la negativa y que le respondieron que alegaba “cuestiones intrascendentes (sus dudas para exhumar)”.
Las negativas, según Samayoa, son absurdas pues la justicia guatemalteca aduce que no pueden accionar pues el hecho fue en territorio mexicano y por ley no tiene autoridad, sin embargo los cuerpos están enterrados en Guatemala.
Tras los fallos Lacán Bercian pide a la Corte Constitucional proteger sus derechos a saber la verdad, sobre la identidad de sus familiares, “pues de no ser ellos, estos permanecerían en situación de desaparición”, dice el oficio presentado a la Corte.
A pesar del tiempo que ha transcurrido de la masacre no hay personas sentenciadas por los asesinatos de los migrantes muertos. Cada día miles de migrantes huyen de la región para sobrevivir a la pobreza y violencia.
